Monterrey NL, 19 de octubre. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones sacaron a Jonás Larrazabal Bretón de la casa de arraigo número uno –donde estaba desde el primero de septiembre– y lo trasladaron al penal de Cadereyta, donde enfrentará cargos por chantaje, delito considerado grave que le impide salir bajo fianza.

Antes, el hermano de Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey, fue fichado por la Policía Ministerial en atención a la orden de aprehensión que giró un juez.

En un intento por impedir que su cliente fuera encarcelado, el abogado Carlos Fernando Soto acudió al juzgado segundo penal del Palacio de Justicia de Monterrey y entregó una copia certificada de la suspensión provisional 828/201, girada por el juez tercero de distrito contra la orden de aprehensión y el internamiento en cualquiera de los tres penales del estado.

Ahí se le informó que el tribunal no había sido notificado de esa suspensión ni tampoco el fiscal de aprehensiones, informó más tarde Fernando Soto.

Después se supo en la ciudad de México que un juez federal le negó a Jonás Larrazabal un amparo contra el arraigo, y cuando el juzgado primero de distrito también se lo negó, las autoridades pudieron consignarlo ante un juez estatal, por lo cual fue trasladado al penal de Cadereyta.

Jonás Larrazabal fue arraigado luego que se dieron a conocer videos que lo muestran cuando recibe dinero del contador del casino Red. Aunque argumentó que los pagos eran por la venta de productos de Oaxaca, se sospechó que había incurrido en delitos de cohecho y delincuencia organizada.

El 12 de octubre, el Ministerio Público abrió otra averiguación por el delito de chantaje. A Jonás se le imputa haber extorsionado al contador y al propietario del casino Red, a quienes presuntamente exigió fuertes cantidades de dinero para que el centro de juego, que estaba clausurado, fuera reabierto.

Carlos Soto cuestionó la validez de la consignación con base en las declaraciones de una persona que está prófuga, como Sergio Gil (empleado del Red), y que interpuso una denuncia de dichos. Pareciera como que forzosamente la procuraduría requería consignar a Jonás, dijo.

Lo investigaron casi 50 días por delincuencia organizada y cohecho; no pudieron probarle nada, y en cinco días le fabricaron un otro delito, señaló.

El gobernador Rodrigo Medina aseguró que la consignación de Jonás Larrazabal es resultado de una investigación rigurosa, realizada con profesionalismo y técnica jurídica, y no producto de motivaciones políticas.

La procuraduría estatal, aseveró, no inventa delitos, no se debe de politizar el caso Larrazabal, sino tratar como una investigación técnica y jurídica.

El mandatario estatal dijo que continúa la búsqueda de Sergio Gil para que comparezca en relación con este caso y que serán los jueces quienes definan el asunto, mientras la procuraduría integra el expediente con apego a derecho.

Por otra parte, el alcalde Fernando Larrazabal aseguró que la averiguación previa que derivó en la consignación de su hermano demuestra que su gobierno no tuvo participación en los hechos ilícitos. Manifestó esperanzas de que impere la verdad y que la defensa demostrará al juez quién tiene la verdad.

(Con información de Alfredo Méndez)