El gobierno federal dio inicio al procedimiento para retirar la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, relacionada con el fuero de guerra, con el propósito de poder juzgar a militares que hayan cometido ese delito de lesa humanidad en cualquier época, incluso en administraciones pasadas, respondió el presidente Felipe Calderón a las preguntas que formuló la Cámara de Senadores.

El Senado estableció esa reserva en diciembre de 2001 –cuando ratificó la convención–, la cual señala que sus disposiciones se aplicarán en relación con hechos posteriores a la entrada en vigor del instrumento, que comenzó a operar el 9 de abril de 2002.

El retiro de la reserva posibilitaría investigar y sancionar a los elementos de las fuerzas armadas que hayan secuestrado y desaparecido civiles durante la llamada guerra sucia de los años 70 y, en general, durante las administraciones del PRI

Sin esa reserva, el gobierno reconoce que la desaparición forzada es imprescriptible y que el fuero de guerra no opera en ilícitos cometidos por militares contra civiles.

En respuesta a una pregunta del PRD sobre el tema, Calderón sostuvo que su gobierno realiza importantes esfuerzos para esclarecer las desapariciones del pasado y garantizar que esa práctica deleznable no se vuelva a presentar.

Aseguró que se están cumpliendo las recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que se indemnizará a la familia de Rosendo Radilla y que en noviembre se realizará un acto público para reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en su desaparición, ocurrida en 1975, luego de que fue detenido en el cuartel militar de Atoyac, en Guerrero.

Radilla, un maestro rural que componía corridos para los guerrilleros guerrerenses, como Lucio Cabañas, fue torturado y desaparecido; 36 años después, tras la sentencia de la CIDH, el gobierno quedó obligado a reconocer su responsabilidad y a restituir el daño.

Calderón detalló que se avanza en el cumplimiento de las sentencias de la CIDH en los casos de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, violadas por soldados en 2002, y de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

En el caso de las mujeres, están listos los cheques para indemnizarlas y también se celebrará un acto público para reconocer la responsabilidad del Estado en el delito cometido por militares, a más tardar en diciembre.

Calderón detalló que a Montiel y Cabrera les entregaron dos cheques por concepto de tratamiento médico y sicológico especializado, así como por medicamentos y otros gastos conexos, y se presentó a los representantes de las víctimas una propuesta de trabajo en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República.

La bancada del PRD pidió al Ejecutivo precisar el número de desaparecidos en lo que va del sexenio, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó de 2006 a la fecha 5 mil 397 extraviados o ausentes y 8 mil 855 muertos sin identificar.

El Presidente respondió que se están definiendo los criterios para integrar una base de datos de personas no localizadas, que se nutrirá con la información sobre decesos de hospitales y agencias del Ministerio Público.