Nuevos casos de presunta corrupción de funcionarios federales que trabajan en áreas estratégicas de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron del conocimiento de tribunales mexicanos.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal (PJF), en un primero caso, un juez federal del Reclusorio Norte sometió a proceso penal al fiscal de la PGR Raymundo Olivos, arrestado por elementos de la Policía Federal en la delegación metropolitana de esa dependencia, como presunto responsable de extorsión por 180 mil pesos a un narcomenudista.

En otro asunto, una juez federal del Reclusorio Oriente condenó a tres años seis meses de prisión a Guillermo Edgar Chávez Jaimes, ex subadministrador local de auditoría fiscal del SAT, quien presuntamente exigió 750 mil pesos a un empresario a cambio de disminuirle un crédito fiscal.

En el caso del fiscal Olivos, el juzgado primero de distrito en el Reclusorio Norte le dictó auto de formal prisión por extorsión, lo que significa que estará preso mientras se lleva a cabo su juicio, porque el delito es grave.

Datos del expediente judicial indican que el servidor público pidió el dinero a un acusado por delitos contra la salud, cuando estaba adscrito a la agencia del Ministerio Público Federal en Cuautepec Barrio Alto, en la delegación Gustavo A. Madero.

En el otro juicio, la juez cuarta de distrito de procesos penales federales Taissia Cruz Parcero halló culpable al funcionario por cohecho, por lo cual también le impuso una multa de 387 días de salario mínimo, equivalentes a 23 mil 150 pesos, según la causa penal 197/2010.

La misma condena fue impuesta a Eulalia Gómez Sánchez, jefa de departamento de auditoría fiscal, mientras Martín Fernández Castellanos, coordinador de auditoría profesional de servicios especiales del SAT, fue sentenciado a dos años de prisión y multa de 17 mil 946 pesos.

El 11 de enero pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de las detenciones del coordinador de auditoría y la jefa de departamento, en un operativo de verificación de funciones coordinado con la PGR, la Policía Federal Ministerial y el propio SAT.