Oaxaca, Oax., 17 de octubre. El indígena triqui Antonio Jacinto López Martínez, ex alcalde de San Martín Itunyoso, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares, fue asesinado la mañana de este lunes en la ciudad de Tlaxiaco, región de la Mixteca.

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), informó que la víctima, de 41 años, caminaba alrededor de las 9 horas en la calle Benito Juárez, cuando un sujeto armado lo atacó. López Martínez recibió un disparo a quemarropa en la cabeza y murió en el lugar, señaló.

Maurilio Santiago explicó que el triqui fue electo presidente municipal en asamblea general por el sistema de usos y costumbres el 24 de octubre de 2004, pero días antes de tomar posesión, funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz lo amenazaron de muerte si asumía el cargo.

El 27 de diciembre de ese año, en una reunión con el resto del cabildo de San Martín Itunyoso, el subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, en presencia del alcalde saliente Antonio López Martínez, casi homónimo del hoy finado, le dijo (a Antonio Jacinto López) que no estaba preparado para ser presidente municipal, que no lo iban a dejar llegar al cargo y tenía que pedir licencia, porque si tomaba posesión, lo iban a matar, señaló el presidente del Cedhapi.

Precisó que la víctima tomó posesión de la presidencia municipal el 30 de enero de 2005, pero fue atacado a balazos por desconocidos cuando se desplazaba en su vehículo rumbo a San Martín Itunyoso, en inmediaciones del paraje Cruz de Conejo. Antonio Jacinto López salió ileso, pero cuatro acompañantes murieron.

En respuesta, el indígena triqui presentó una demanda de amparo el 12 de julio de 2005 contra actos del Congreso local, del ayuntamiento de San Martín Itunyoso y la dirección de Gobierno de la administración estatal, por desconocerlo como edil.

Días después, el 25 de julio, López Martínez fue atacado de nuevo, esta vez en la ciudad de Tlaxiaco, y una vez más salió ileso. La CIDH, a petición del Cedhapi, le otorgó medidas cautelares el 29 de julio, por estar su vida en riesgo debido a una posible nueva agresión.