La corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) exigió a Marcelo Ebrard, el candidato de Nueva Izquierda (NI) a poner orden dentro del PRD y evitar el fraude el próximo 23 de octubre, cuando se elijan los integrantes de los órganos colegiados de gobierno en ese partido.    

Estamos exigiéndole, no pidiéndole a Marcelo Ebrard que él, por ser el dirigente y por tener a sus aliados: Nueva Izquierda, ADN y Foro Nuevo Sol, (que) haga valer la legalidad interna y los convenza, pues él es el candidato de ellos. Él los puede convencer de que desistan de sus actitudes fraudulentas y pueda hacerse una mesa de trabajo para generar condiciones de equidad y transparencia para que la elección del 23 de octubre sea inobjetable y aceptada por todas y todos.

Ese grupo retiró también el plantón que mantuvo por dos días frente a la oficina de la comisión de elecciones del PRD, en protesta por el control asumido por sus opositoras Nueva Izquierda (NI), Alternativa Democrática Nacional (ADN) y Foro Nuevo Sol del proceso de elección de integrantes del Consejo Político Nacional y consejeros estatales.

Dolores Padierna, Alejandro Sánchez Camacho y Manuel Oropeza anunciaron la determinación: es una señal al otro bloque (NI) para que vayamos a la elección; a IDN nos conviene más porque vamos a ganar. Que quede el planteamiento para que reconsideren el tema de las empresas que van a imprimir las boletas, que, por cierto, falta el paquete más grande para la impresión, que son las de los consejos estatales.

–¿Con esto se desinfla el plan de acción previsto, comenzando por solicitar la renuncia de Jesús Zambrano?

–No vamos a dejar de acudir al tribunal para realizar cualquier asunto legal, ya que es un derecho ciudadano y porque finalmente estamos haciendo la elección por mandato de este. Cualquier anomalía vamos a acudir primero a las instancias internas, como establecen nuestras normas, pero eso no exime de ir a la instancia externa, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cualquier asunto que consideremos que viola la legalidad y los principios rectores del propio proceso –adujo Oropeza.