Policía comunitaria quiere seguridad y justicia para 76 pueblos
Denuncian que el gobierno les ha dado 25 por ciento del territorio
Domingo 16 de octubre de 2011, p. 9
Paraje Montero, Malinaltepec, Gro. 15 de octubre. La defensa de los territorios indígenas, de sus recursos naturales y de su cultura, frente al embate de megaproyectos mineros y de infraestructura, se sumó hoy a las tareas que desde hace 16 años realizan la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) para garantizar, de forma autónoma, la seguridad y justicia en 76 pueblos indígenas de 10 municipios de esta entidad federativa.
Ni la lluvia ni el mal estado de la carretera impidieron que se dieran cita aquí, durante dos días, unas mil 200 personas para los festejos por el 16 aniversario de la CRAC-PC, que fue ocasión para revisar los principales problemas que afectan a la región y proponer, en reflexión colectiva, formas para enfrentarlos.
La convocatoria al acto, signada también por la regional Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena (CNI-RCP), puso en el centro de la discusión la defensa de los territorios de los pueblos originarios ante el embate de casi 800 transnacionales, principalmente mineras, a las que el gobierno mexicano ha entregado concesiones sobre 25 por ciento del territorio nacional.
El pueblo se llenó de delegaciones, tanto de los propios policías comunitarios de cada municipio integrante del sistema de justicia comunitario CRAC-PC, como de organizaciones que coinciden en la lucha contra el desarrollo de la minería trasnacional –altamente contaminante– en suelo mexicano y que apoyan además este proyecto autónomo, como jóvenes en resistencia, Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, Frente Popular Francisco Villa, los campesinos de Atenco y otras, que fletaron autobuses para trasladarse desde el Distrito Federal.
En el acto inaugural, José Cruz, de la delegación Milpa Alta, a nombre de la CNI-RCP, mencionó que los pueblos indígenas ratifican su lucha para ejercer su autonomía dado que el gobierno traicionó los Acuerdos de San Andrés firmados con el EZLN, y los partidos únicamente los dividen.
Por la Policía Comunitaria, el comandante Leobardo Álvarez subrayó que ahora deben hacerle frente no sólo a la delincuencia que roba, que secuestra, que mata, sino a la delincuencia trasnacional que les quiere robar sus territorios o que mañosamente
pretende imponerles la siembra de semillas transgénicas que afectan a las criollas y su soberanía alimentaria.
“Tenemos que enfrentar todos juntos las amenazas en contra de nuestros territorios que afectan nuestros los naturales, como las empresas mineras, carreteras y proyectos hidroeléctricos; ese es el contexto para sumarse a la lucha por los derechos humanos, a la defensa que el pueblo wirrarika (huichol) hace de Wiricuta, uno de sus lugares sagrados; contra el asesinato de 27 comuneros de Ostula, a la tala de los bosques y asesinato y desaparición de comuneros de Cherán, ambas comunidades de Michoacán; a la lucha de Inés Fernández y Valentina Rosendo –indígenas guerrerenses violadas por militares– para que se les haga justicia, así como a la lucha de los indígenas amazónicos de Bolivia, que se oponen a una carretera que su gobierno pretende construir en su territorio y parque nacional TIPNIS.
Sendas mesas de trabajo se instalaron para discutir los temas de defensa del territorio; radios comunitarias y medios alternativos; organización y participación de las mujeres, y modelos alternativos de educación.
En la mesa de defensa del territorio, Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, subrayó que el hecho de que una empresa obtenga una concesión minera, no quiere decir que ya puedan operar, sino que requieren la licencia social de la comunidad así como la ambiental. Indicó que la mayoría de las 260 mineras extranjeras en México, con la complicidad del gobierno, carecen de dichas licencias, por lo que sólo la decisión o la estrategia que adopte una comunidad puede frenar la explotación y contaminación de su territorio por el neocolonialismo de las empresas.
Por otra parte, la sesión del CNI-RCP que debía realizarse en el contexto del aniversario de la CRAC-PC, se suspendió en desacuerdo por la presencia del secretario de Seguridad del gobierno estatal en el acto.