El gobierno federal se propone modificar el criterio para asignar a los estados los recursos destinados al combate al crimen organizado, otorgando parte con base en el desempeño de cada mandatario y del jefe de Gobierno del Distrito Federal para bajar los índices delictivos y la violencia.

En un documento que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, entregó a los senadores, con quienes se reunió un día antes, se explica que este año se entregaron 7 mil 124 millones de pesos a los estados y al Distrito Federal, y para 2012 la intención es que parte de esos fondos se reorienten de acuerdo con los resultados para frenar la delincuencia organizada.

Entre los parámetros de desempeño destaca que será inaceptable que la entidad mantenga una tendencia de la criminalidad al alza.

Por el contrario, un criterio aceptable será detener o revertir una tendencia de crecimiento o mantener una tendencia por debajo del promedio nacional de incidencia o victimización.

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador del Partido Acción Nacional Felipe González comentó que el porcentaje del dinero se negoció con los mandatarios estatales.

A su juicio, debería ser un monto considerable para obligar a los gobernadores a que cumplan su responsabilidad, ya que pese a los cuantiosos fondos que reciben, la ola criminal sigue creciendo en las entidades. Recalcó que hay 11 estados muy atrasados, que no han culminado el control de confianza de sus corporaciones policiacas y que, como se denunció un día antes, durante el encuentro con Alcántara Soria, maquillan u ocultan cifras sobre la incidencia delictiva.

En el documento se señala que la entidad que más recursos para combatir el crimen organizado recibió este año fue el estado de México, ya que se le otorgaron más de 568 millones de pesos. Le siguen el Distrito Federal, con 445.6 millones, y Veracruz, 341 millones.

A Baja California se asignaron 290 millones de pesos; Nuevo León, 272.7 millones; Tamaulipas, 262.7 millones; Michoacán, 258.8 millones; Chihuahua, 249.5 millones, y Sinaloa, 203.2 millones.

Otra entidad con graves problemas de inseguridad es Guerrero, la cual obtuvo 215 millones de pesos, mientras Puebla 270 millones y Guanajuato 260.3 millones.

El senador recalcó que la fórmula actual para otorgar los subsidios considera la incidencia del crimen, la población del estado y el hecho de que se trate de una entidad fronteriza o turística. A ellos se va a agregar, detalló, un porcentaje por nivel de cumplimiento. Se va a reorientar, recalcó, a que haya más resultados de los gobernadores.

Aseveró que, de entrada, no puede permitirse que las entidades proporcionen datos falsos sobre el número de hechos violentos registrados o que incurran en subejercicios en el presupuesto para seguridad pública.