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Corrupción solapadora de gobernadores ante la violencia: Wallace
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de octubre de 2011, p. 7

Convocada por la Presidencia de la República a participar en la reunión programada con los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Isabel Miranda de Wallace, quien encabeza la asociación Alto al Secuestro, reivindicó la estrategia de combate a la delincuencia emprendida por Felipe Calderón, ante la debilidad de los gobiernos estatales, donde campea, dijo, una corrupción solapadora que les permite ignorar las alertas en sus entidades.

Sin apegarse del todo al formato del encuentro que acordaron la Secretaría de Gobernación y el MPJD –según comentaron integrantes del mismo–, Wallace acudió al Castillo de Chapultepec, al igual que Alejandro Martí, de México SOS, quien fue crítico sobre el momento por el que atraviesa el país: Es una de las etapas más oscuras en materia de seguridad, hay una serie de atrocidades y de crímenes que están erosionando nuestra libertad.

Dijo que prácticamente todos de los que estaban sentados en la mesa por parte de las organizaciones, habían experimentado en carne propia alguna expresión de la tragedia. Nos rehusamos a ser parte de la estadística.

Martí también cuestionó el papel del Poder Legislativo, cuyo retrasos en aprobar leyes que contengan el secuestro y las extorsiones, muestra que para ellos no es un tema de urgencia, su dilación cuesta vidas ¿Cuántas extorsiones y cuántos secuestros más va a costar su ineficacia y apatía.

Discrepante con el tono crítico de la reunión, Wallace agradeció la voluntad presidencial de reunirse con las organizaciones de la sociedad civil, elogió su apertura al diálogo y reivindicó su política contra la criminalidad. No podemos concentrar todo el país en el gobierno federal y citó como ejemplo al ex gobernador de Coahuila, quien dejó el estado muy endeudado y con un alto grado de impunidad en materia de seguridad.

Mencionó que uno de los pendientes del gobierno federal era avanzar en el combate al lavado de dinero, tema en el cual se requiere una mayor atención de los funcionarios y una mejor legislación.