El debate en torno a las facilidades otorgadas por el gobierno federal a empresas extranjeras, como Repsol y Sempra Energy, que no pagan impuestos por la importación de gas natural, ahonda las diferencias suscitadas en la Cámara de Diputados porque sí se aplican gravámenes a los productores de gas grisú (asociado) en México mediante el pago de derechos.

Ayer, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Alberto Becerra Pocoroba, defendió la idea de hacer prevalecer la propuesta del Ejecutivo federal, que contempla mantener la exención en favor de los importadores del gas y obligar a pagar impuestos a quienes pretendan extraer el gas grisú de las minas carboníferas, localizadas sobre todo en el estado de Coahuila.

Desde la visión de un grupo de diputados de PAN, PRI, PRD y PT, gravar la extracción favorecería a los empresarios mineros que operan en el país, tanto nacionales como extranjeros.

No obstante, la paradoja de esa postura radica en que el proyecto de dictamen de ley federal de derechos contempla mantener vigente el beneficio para las firmas que importan gas natural desde naciones como Malasia o Ecuador, y no erogan recursos a la hacienda pública.

Becerra Pocoroba argumentó que el tema fiscal no tiene que ver con los accidentes que ocurren en las minas de carbón, porque son muchos los aspectos colaterales, como que no se invierte para que el gas pueda llegar a los ductos de Pemex y canalizarse... nada garantiza que exentando el derecho el empresario va a invertir.

Anteayer, en la reunión de la Comisión de Hacienda el diputado Hugo Martínez (PRI) señaló que la derogación se circunscribe a garantizar la seguridad laboral en las minas de carbón. Es decir, haría atractiva y viable la extracción del gas asociado, así como su correspondiente aprovechamiento al venderlo a Pemex; a la fecha se desperdician (se ventean a la atmósfera) 150 millones de pies cúbicos.

Becerra Pocoroba replicó con la demanda de mayor información, porque partiendo de su criterio –advirtió– se afectaría la recaudación tributaria de la administración federal: “me gustaría escuchar y tener mayores elementos técnicos, pero considero que el tema no es bajar la tasa, sino que los dueños de las minas de carbón realmente inviertan, y eso no le es imputable al gobierno. Todos debemos ser lo suficientemente responsables para tomar en consideración que la cobija no es muy grande, por lo que los movimientos que pudieran venir en la carátula de la Ley de Ingresos no deben ser irresponsables e impedir que el país continúe con una posición económica sólida.

Por el contrario, Jaime Martínez Veloz, quien hurgó y encontró que en la iniciativa de ley federal de derechos se mantienen las obligaciones a las empresas mineras en México y las garantías para las importadoras de gas natural, describió que en el artículo 16 de la iniciativa de Ley de Ingresos se señala que durante el ejercicio fiscal de 2012 se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la ley federal de derechos.

Desde hace décadas, Martínez Veloz ha defendido los derechos de los trabajadores en las minas de carbón de Coahuila, y al exponer las implicaciones de continuar con la política de gravar a unos para beneficiar a otros, advirtió que se alienta el riesgo para los hombres y mujeres que extraen el mineral todos los días. La pregunta que se formuló redunda en porqué se mantiene un régimen de privilegio para los que importan gas natural y se sostiene una carga fiscal para un sector productivo.

Al no realizarse debidamente la extracción del gas grisú de los yacimientos de carbón, una parte que queda en los túneles y se incrementa el peligro para los mineros, pudiendo ocurrir intoxicaciones, asfixia, un accidente o una explosión en cualquier momento. Otra, que al ventear las minas para sacarlo al medio ambiente, tratando de proteger a los trabajadores, no es aprovechado su enorme potencial energético y se produce una contaminación de grandes dimensiones, considerando que el metano es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el bióxido de carbono.

Lla sesión de la Comisión de Hacienda donde se aprobaría dicha ley se realizará el lunes en la Cámara de Diputados, no sin antes confirmar o modificar el artículo 49 de la misma.