Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, ex operador del cártel de los Beltrán Leyva, inició una huelga de hambre en el penal de máxima seguridad del Altiplano el pasado 2 de octubre, revelaron sus abogados, en protesta contra las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, quienes le han limitado varios servicios a los que tienen derecho los internos, como la visita conyugal.

Abogados del presunto narcotraficante –que solicitaron no mencionar su nombre– manifestaron que Valdez Villarreal presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por supuestos tratos infrahumanos y violatorios de sus derechos humanos.

Por su parte, la SSP Federal emitió un comunicado ayer para confirmar que Valdez Villarreal está en huelga de hambre y explicó que se ha negado el acceso al penal a la esposa de La Barbie porque ha presentado actas de matrimonio con datos alterados.

Este comportamiento del interno, inició tras el intento que hiciera su pareja conyugal por visitarlo, para lo cual, al momento de realizar los trámites de ingreso, presentó tres actas de matrimonio en las que se especifican lugares de nacimiento distintos (Acapulco, Guerrero; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas), indica el comunicado de la SSP federal.

Agrega que esta situación fue expuesta al consejo técnico interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, donde se determinó verificar la autenticidad de los documentos.

La dependencia federal señala que Valdez Villarreal está internado en condiciones de higiene y limpieza, además de que a diario se le permite ejercitarse.

Además, reporta que su estado de salud es monitoreado por el área de servicios médicos y que la autorización para el ingreso de la pareja de Valdez Villarreal se encuentra en trámite, conforme indica la ley.

Sin embargo, los abogados del detenido aseguraron que el estado de salud de su cliente es delicado, ya que enfrenta algunos padecimientos que requieren tratamiento médico específico que no le ha sido suministrado por las autoridades penitenciarias. Los litigantes se negaron a mencionar el nombre de las dolencias del interno.