La instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) será una puerta para pensar en un constituyente de otra manera y ayudará a que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos sociales, expuso el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, al participar en el foro México y el mundo actual, organizado por Casa Lamm y La Jornada.

Tras relatar algunas de sus experiencias en la lucha de los mineros de Pasta de Conchos, el esfuerzo para que se documenten las desapariciones de al menos 200 personas en Coahuila y la creación de la Red de Familiares Desaparecidos, Vera López refirió que la pugna del obispo Samuel Ruiz García por que los indígenas –los más pobres– fueran considerados sujetos sociales, ahora con el TPP serán visibilizados y se les tomará en cuenta.

En dicho tribunal, confió, se hará una radiografía clara de quiénes están al frente del país, de la falta de racionalidad y se recuperará el verdadero sentir político y de la justicia.

Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, y Magdalena Gómez, colaboradora de esta casa editorial, hablaron de los antecedentes del TPP, el cual se estableció formalmente en 1979 en Bolonia, Italia, y cuya tarea es hacer visible y calificar los casos en que se cometen crímenes contra la humanidad.

Hernández Navarro mencionó que, en los 32 años de existencia del TPP, sus 130 integrantes se han reunido en más de 40 ocasiones para juzgar desde genocidios hasta crímenes ecológicos y agravios cometidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y empresas trasnacionales en diversos países. En el caso de México se instalará tras cuatro años de intenso trabajo realizado por Andrés Barreda para juzgar los casos que documenten los pueblos. Será una tribuna para que quienes están siendo agraviados tomen la palabra, un espacio para conservar la memoria; será un terreno para que los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos presenten sus casos.

Jorge Fernández Souza, abogado y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, comentó que en el país el estado de derecho está prácticamente sepultado, pues se ha perdido la brújula en torno al derecho; se ha distorsionado todo, hay una distancia entre la ley y lo que pasa en la realidad. La posibilidad de acudir a instancias mínimamente creíbles es escasa.

Expuso que el TPP se convertirá en caja de resonancia, pues su calidad moral es muy grande.