Morelia, Mich., 11 de octubre. Más de 95 por ciento de las actividades gubernamentales se detuvieron hoy en el estado debido a un paro de más de 9 mil empleados sindicalizados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes exigen al gobierno de Michoacán pagar al fondo de pensiones 170 millones de pesos y los intereses acumulados durante el año, pues son recursos de los trabajadores.

El paro se inició a las 8 horas y concluyó a las 16 en las 350 dependencias de los tres poderes del estado. Abarcó todas las áreas administrativas, incluidas ventanillas de cobro, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil, el palacio de gobierno y museos, además de los juzgados civiles y penales y el Congreso local.

Sólo operaron las dependencias de salud, seguridad pública y protección civil, además de unos 900 trabajadores de confianza y unos mil 500 por contrato. Las actividades se reanudarán el 13 de octubre, porque este miércoles es día feriado.

En un comunicado, el gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Leonel Godoy, calificó de ilegal el paro y exhortó a la base trabajadora a no dejarse engañar ni manipular, ya que se trata de una estrategia con fines político-electorales. Aseguró que no se ha cometido irregularidad alguna y se ha cumplido con los pagos al fondo de pensiones de los burócratas.

La postura de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) evidencia que el paro de labores es ilegal; además, no obedece a ninguna demanda laboral y es parte de una estrategia política para desestabilizar el estado y obtener ganancias electorales, se señala en el texto.

Insistió en que no ha habido malversación ni uso indebido del fondo de pensiones, como ocurrió en otras administraciones, por ejemplo en el año 2000, cuando se inició la construcción del fraccionamiento Ario 1815, en la salida a Quiroga, municipio de Morelia, lo que generó un quebranto de 46 millones de pesos para el fondo.

La administración estatal reiteró que cubrirá el adeudo de 170 millones de pesos de acuerdo con el calendario de pagos aprobado el pasado lunes por la Junta Directiva de Pensiones Civiles del estado.

El dirigente del Staspe, Antonio Ferreira Piñón, dijo en conferencia de prensa que no están de acuerdo con que el gobierno del estado disponga de recursos de los trabajadores y no pague intereses, como hacemos nosotros cuando solicitamos un préstamo. No vamos a aceptar la propuesta del gobierno del estado de pagar en abonos, advirtió.

Rogelio Vargas Andrade, líder sindical de los trabajadores del Poder Judicial, aseguró que la suspensión de actividades no es una estrategia para apoyar a un partido político, pero no pueden avalar un préstamo de la Dirección de Pensiones al gobierno del estado sin cobrar intereses, que podrían sumar 20 millones de pesos.

El dirigente estatal del PRD, Víctor Báez, acusó a líderes del PRI de utilizar a los sindicatos afiliados para tratar de desacreditar al gobierno estatal. No se deben politizar las demandas de los agremiados ni usarlos como carne de cañón para golpear al gobierno del estado, criticó.