l cumplirse 24 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la posterior extinción de esa empresa pública vía decreto presidencial, el gobierno de Felipe Calderón continúa mostrándose incapaz de revertir el cúmulo de agravios cometidos, a raíz de esa medida, en contra de los trabajadores de la compañía, de la propiedad pública nacional y de los habitantes de la zona centro del país.
La lista de afectaciones y pendientes no atendidos en los dos años transcurridos desde esa medida es encabezada por el desempleo masivo al que fueron arrojados más de 44 mil trabajadores de la empresa pública, 16 mil de los cuales han resistido someterse a las diversas ofertas de liquidación puestas sobre la mesa por las autoridades. La perspectiva de miles de familias arrojadas súbitamente a la incertidumbre y a la zozobra, y que han debido sobrevivir todo este tiempo sin fuente fija de ingresos, se complementa con el descontento de aquellos trabajadores que cedieron a las presiones de las autoridades: de los más de 28 mil ex empleados de LFC que, según cifras oficiales, aceptaron liquidarse, menos de 9 por ciento han sido recontratados, como habían ofrecido las autoridades federales; por lo que hace a las 68 cooperativas conformadas por ex trabajadores de LFC, sólo ocho han recibido contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en claro incumplimiento de las promesas de ayuda que les fueron planteadas.
El dato contrasta con las millonarias cantidades de recursos que la empresa encabezada por Antonio Vivanco –a la que se confirió el suministro eléctrico en la zona centro del país– ha destinado al pago de contratistas, y que forman parte de los más de 10 mil millones de pesos que ha costado al erario la extinción de la compañía.
Pero acaso el daño más extendido sea el que ha padecido la población de la zona centro del país, la cual, durante todo este tiempo, ha quedado a merced de los cobros excesivos en los recibos que expide la CFE y de un servicio de electricidad más que deficiente. Aun si se diera crédito a la versión ofical de que la extinción de LFC se debió a consideraciones de inviabilidad técnica y financiera –circunstancia que, en todo caso, nunca fue atribuible a los trabajadores de la compañía, sino a sus administraciones–, la incapacidad mostrada en estos dos años por el personal de la CFE –el propio y el subcontratado– para operar satisfactoriamente la red de suministro eléctrico en la capital del país y su área conurbada tendría que ser razón suficiente para que el gobierno federal diera marcha atrás en su decisión y atendiera favorablemente las demandas de reinserción laboral de los ex trabajadores de LFC, ya sea en el seno de la propia paraestatal o en un nuevo organismo de generación y distribución de electricidad.
Finalmente, en el ámbito meramente político, los dos años transcurridos han significado una derrota para los planes gubernamentales de desarticular el movimiento organizado en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual se ha mantenido vigente pese a las campañas de desprestigio y hostilidad gubernamental en su contra, y se ha comportado en general con civilidad y disposición negociadora.
Es significativo, al respecto, que el segundo aniversario de la extinción de LFC coincida con el reinicio formal del diálogo entre el SME y las autoridades con miras a una eventual recontratación del ex personal de ese órgano público descentralizado. El gobierno federal tiene ante sí una nueva oportunidad de resarcir, en alguna medida, el daño provocado por una decisión cuestionable en lo legal, nociva en lo económico y equivocada en lo político. Cabe esperar que las autoridades actúen con altura de miras, reconozcan la oportunidad que se les presenta, depongan sus actitudes de confrontación y resuelvan, de una vez por todas, un conflicto que ni siquiera debió ocurrir; mucho menos desarrollarse en los niveles de encono y complejidad que llegó a alcanzar en los últimos 24 meses.
