Diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) denunciaron que la tienda de autoservicio Soriana Polanco se apoderó de la cerrada de Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, por lo que emplazaron al gobierno de esta ciudad a que informe a los diputados locales si la vendió, enajenó o donó.

En conferencia de prensa, los legisladores Guillermo Huerta Ling y Giovanni Gutiérrez detallaron que es fundamental que haya transparencia de las autoridades locales, ya que éste podría ser un caso similar al de la calle Enrique Rébsamen, en la colonia Del Valle, de la que un tramo fue vendida a la Comercial Mexicana, pero el proceso se revirtió cuando salió a la luz pública.

Incluso, Huerta y Gutiérrez recorrieron el pasado viernes los linderos de esa cerrada, la cual une las avenidas Ejército Nacional y Miguel de Cervantes Saavedra, y es paralela a Moliére. De hecho, esa vialidad delimita al centro comercial y una agencia de Volkswagen con el Hospital Español.

Sin embargo, se volvió intransitable para la gente de la colonia Granada y la zona cercana a Polanco, así como para los mismos diputados panistas, quienes constataron que en uno de los extremos de esa cerrada –el que da hacia Miguel de Cervantes Saavedra– la gente de Soriana colocó una caseta de vigilancia y una pluma con un letrero con letras rojas que dice Prohibido el paso y Alto.

Del otro lado, el que da hacia Ejército Nacional, se colocó un enorme portón de dos hojas, el cual está pegado al punto donde termina Soriana Polanco. Ahí, personal de vigilancia impide el paso a las personas o vehículos ajenos al centro comercial.

Guillermo Huerta expresó que en la nomenclatura de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en los mapas de la ciudad esa cerrada aparece como vía pública, por lo que consideró que el GDF debe dar una explicación de esa situación.

El panista detalló que el viernes 7 de octubre recibió una llamada de una persona que se identificó como Juan Camarillo Amado, quien dijo ser apoderado legal de la empresa Grupo Gigante e intentó intimidar a su equipo de trabajo con el argumento de: ningún diputado ni el mismo Presidente de la República tienen el derecho de recorrer la zona ni de tomar fotos del lugar, lo que corrobora, dijo el legislador, el dicho de que a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta.