En México 45 por ciento de las víctimas de trata son niñas indígenas, informaron Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y Xavier Abreu Sierra, director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quienes expresaron la urgencia de contar con una ley general que combata este crimen que cada año arrebata la infancia a 20 mil niños mexicanos que son enganchados para el comercio sexual.

En el contexto de la vigésima séptima sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la CDI, la diputada señaló que, aunque en 2007 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, existen importantes vacíos, sobre todo que en las indagatorias no se revictimice a las niñas, se sancione no sólo a los tratantes, sino también a los clientes y se atienda a las víctimas desde que son liberadas hasta su reinserción social.

Nos preocupa que no se legislen temas importantes, que se le quiten partes medulares, pues la atención y protección a las víctimas debe ser desde el operativo hasta la reinserción social; no se vale dejar a las víctimas a medio camino; la tipificación penal debe evitar que se les revictimice: ellas están destruidas; en el caso de explotación sexual son violadas y torturadas, entonces no tienen la capacidad para confrontar a los tratantes, así que la carga de la prueba debe ser trabajo del MP, y otra cosa importante es castigar el consumo, a los explotadores finales, que son unos criminales.

Indicó que leyes con estas características son las que han funcionado en otras latitudes y advirtió que, de no aprobarse una ley general contra este ilícito en esos términos, no vamos a bajar la tasa que está creciendo en el país.

Recordó que el 13 de julio pasado el presidente Felipe Calderón promulgó un decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución, sobre la trata, y que en específico la modificación al artículo 73 faculta al Congreso a expedir una ley general en la materia.

Agregó que 104 legisladores de los siete partidos presentaron una iniciativa el 3 de agosto pasado y precisó que sólo se tiene un plazo de 180 días (que comenzaron a correr tras la promulgación del decreto) para expedir la Ley General contra la Trata de Personas, por lo que ésta forzosamente debe ser aprobada en este periodo de sesiones.

La legisladora llamó a crear conciencia y advertir a las familias de los pueblos originarios a no dejarse engañar por los tratantes, pues las formas para enganchar a las menores no sólo son múltiples, sino también muy efectivas y alertó sobre lo fácil que es a estos criminales convencerlas por Internet, con engaños, a dejar sus hogares. Apuntó que muchas familias no distinguen lo que es la trata, comercio que también se da con fines de explotación laboral.

Orozco indicó que no sólo niñas indígenas mexicanas son víctimas, pues con las agrupaciones civiles que labora ha conocido casos de menores centroamericanas, algunas ni siquiera hablaban español, y eran hasta de siete años de edad.

Detalló que Tijuana, Acapulco y Cancún es donde más explotación sexual de niños hay y alertó que en el “estado de México tenemos problemas grandes, pues han crecido los giros negros”. Sostuvo que en México hay 21 puntos turísticos donde se vende a turistas el servicio de niños y niñas.

Comentó que la única cifra que se tiene sobre menores explotados sexualmente data de 2000, e indicó que va de 16 mil a 20 mil infantes, pero dijo que pronto habrá nuevos datos, ya que la Secretaría de Gobernación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito elaboran un diagnóstico actualizado.