a esperanza de una reforma migratoria integral en Estados Unidos es un espejismo que nos impide ver lo que sucede día a día. Poco a poco la derecha va haciendo su propia reforma migratoria antinmigrante.

La primera medida ha sido militarizar la frontera con el pretexto de la lucha antiterrorista. Hace 25 años que el presidente Reagan acuñó aquella famosa frase de hemos perdido el control de nuestras fronteras y ha corrido mucha agua desde entonces. De ser una frontera porosa, donde fácilmente se podía cruzar, pasó a ser una frontera vigilada donde cada día resultaba más costoso y riesgoso cruzar. Ahora es una frontera amurallada y militarizada, donde el que quiere pasar de manera subrepticia pone en riesgo sus ahorros, su libertad, su vida. Los viejos tiempos de la política del gato y el ratón, donde capturaban al migrante y lo regresaban, para que al día siguiente volviera a intentarlo, son anécdotas para la historia.

La segunda medida ha sido utilizar de manera sistemática el tema de la inmigración ilegal para las campañas políticas de la derecha, lo que les ha dado importantes dividendos. Ha sido una medida efectiva y comprobada para ganar votos. Uno de los primeros en utilizar este argumento fue Pete Wilson en California, en 1994, cuando pudo recuperar posiciones y ganar la elección al plantear como enemigos a los migrantes indocumentados, que eran los culpables de las malas finanzas del estado. Su propuesta de campaña llamada SOS, Save Our State, luego se convirtió en la Proposición 187, que fue votada a favor por una amplia mayoría. En ella se proponía cerrar el acceso a educación, salud y servicios sociales a los migrantes ilegales y obligar a maestros y personal médico a denunciar a los que consideraran indocumentados.

Después de una larga lucha legal, la Proposición 187 fue considerada anticonstitucional, con el argumento de que los asuntos migratorios son de competencia federal. Pero se trató de una victoria pírrica. Otra ley llamada IIRAIRA, esta sí federal y promulgada en 1996 durante el gobierno de Clinton, le abrió la puerta a los estados para legislar en materia de acceso y servicios sociales.

En esa misma ley, la Disposición 505 niega el acceso a la educación superior a los jóvenes migrantes indocumentados. Son los casos de la generación uno y medio, que nacieron en México, se socializaron en Estados Unidos y asistieron de manera regular a la escuela. Son aquellos que se empeñaron en terminar sus estudios para luego pasar a la universidad, pero les cortaron las alas. Para salvar esta dramática situación se lanzó la propuesta del Dream Act, encabezada por Richard Durbin, senador de Illinois, pero por más intentos que se han hecho, ni si quiera se ha logrado discutirla. Sistemáticamente ha sido eliminada por los votos republicanos de derecha.

Luego empezaron las reformas legales en los estados, para cercar y hacerles la vida imposible a los migrantes, entre las que se encuentra la de Arizona SB 1070 y la más reciente y maligna de Alabama HB56, que ya tiene autorización legal para negarles el servicio de educación a los jóvenes hijos de migrantes sin documentos.

Según una nota publicada en La Jornada, cerca de dos mil niños cuyos padres son indocumentados ya han abandonado la escuela. Se les castiga por una falta que no cometieron y se les discrimina hasta el punto de provocar el analfabetismo en la población infantil. En Alabama, donde hace medio siglo se luchó con denuedo por los derechos civiles de la población negra discriminada, hoy se les niega el derecho a la educación a los hijos de los esclavos del siglo XXI, los migrantes.

Por más que Obama diga que el asunto migratorio es federal y que es anticonstitucional legislar al respecto en los estados, la avalancha de normativas antinmigrantes no para. En algunas localidades se propone quitarles a los migrantes el derecho a rentar una vivienda, en otras se les prohíbe entrar a un bar o restaurante, más allá se les niega el derecho a solicitar trabajo en la calle.

En la actualidad hay más de 60 ciudades que han establecidos acuerdos con la migra (ICE) para la aplicación de la Disposición 287g, que permite a los agentes locales y estatales interpelar a personas para comprobar su estatus migratorio y les permite detenerlos por violaciones a las leyes de inmigración hasta que lleguen las autoridades federales. Por cualquier delito menor o falta de tránsito se puede aplicar este procedimiento.

La última vuelta de tuerca de esta política migratoria represiva se está cocinando actualmente en el Congreso de Estados Unidos. Se trata de lograr, finalmente, que sea muy difícil obtener trabajo para un migrante clandestino. Ha sido un proceso muy largo y contradictorio.

Cuando en 1952 se trató de legislar una medida legal de sanción a los empleadores de indocumentados, se legisló todo lo contrario, la llamada Ley Texas Proviso, que criminalizaba al migrante y eximía al empleador. Y a lo largo de tres décadas se justificó legalmente contratar indocumentados. En 1986, con la ley IRCA, se disponen sanciones a los empleadores que en la práctica son evadidas muy fácilmente porque éstos no tienen modo de verificar la autenticidad de los documentos. Diez años después, en 1997, se establece un programa piloto para la certificación de documentos, que con el tiempo evoluciona al programa oficial llamado E Verifi (Employment Eligibility Verification) y se invita a las empresas a utilizarlo de manera voluntaria. Finalmente, en 2011, se pretende que el E Verifi sea obligatorio, incluso para los trabajadores del medio agrícola, que habían sido excluidos del programa.

La medida ya no es propiamente sancionar a los empleadores, es cortarle toda posibilidad al migrante indocumentado de obtener trabajo. El migrante puede dejar de ir a la escuela o al centro de salud, incluso puede evitar al máximo salir a la calle para no exponerse. Pero le es imposible dejar de ir a trabajar.