Sara Irene Herrerías Guerra fue designada titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (ProVíctima).

Ayer, en privado, el organismo realizó la primera sesión de su junta de gobierno; estuvo encabezada por el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y otros miembros del gabinete de seguridad.

Posteriormente se iniciaron los trabajos de la nueva instancia, la cual por ahora cuenta sólo con el presupuesto ordinario de las áreas –personal y recursos materiales– dedicadas a estas tareas en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Antes de ser nombrada por el presidente Felipe Calderón titular de ProVíctima, Sara Irene Herrerías se desempeñaba como fiscal especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas. Es maestra en criminología por el Instituto de Ciencias Penales y ha sido becada por El Colegio de México para realizar investigaciones de género.

La creación ProVíctima fue anunciada por el presidente Felipe Calderón, durante su quinto informe de gobierno. Gobernación ha comentado que el organismo público responde a las peticiones de diversos grupos civiles, víctimas y ofendidos del delito.

La sesión de la junta de gobierno se realizó en las instalaciones de la nueva procuraduría, en la colonia Del Valle. Acudieron los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Desarrollo Social, Salud y de la Procuraduría General de la República, así como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la junta participarán también cuatro organizaciones civiles: SOS, de Alejandro Martí; Causa en Común, de María Elena Morera, y Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, además de Patricia Caso.

El objetivo de la Procuraduría Social es atender de manera oportuna e integral a las víctimas u ofendidos por delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas; coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades competentes en esta materia y diseñar y ejecutar políticas de coordinación interinstitucional de atención a víctimas. Ofrecerá servicios de asistencia médica, sicológica especializada, asesoría jurídica y apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.