Jalapa, Ver., 7 de octubre. El procurador general de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez, renunció hoy, luego de una reunión que el gobernador Javier Duarte de Ochoa encabezó con su gabinete de seguridad en palacio de gobierno, horas después del hallazgo de 32 cadáveres en tres casas de seguridad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En este contexto, el mandatario declaró que en Veracruz lo nuevo no es la delincuencia ni la existencia de esos grupos delictivos. Lo nuevo, lo novedoso que estamos viviendo los veracruzanos, es la fuerza y firmeza con que estamos combatiendo estas circunstancias.

La vocera del gobierno estatal, María Gina Domínguez Colio, comentó que el subprocurador regional en Jalapa, Marco Antonio Lezama Moo, fue nombrado encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), en tanto Duarte de Ochoa presenta una propuesta formal al Congreso local para designar al nuevo titular de la dependencia.

De acuerdo con la Constitución de la entidad, el nombramiento del procurador lo realiza el Poder Legislativo con base en una propuesta o terna enviada por el Ejecutivo local.

La funcionaria subrayó que Escobar Pérez alegó motivos personales en su renuncia presentada al gobernador, y éste le agradeció su colaboración en los pasados 10 meses al frente de la PGJE. Fue un hombre que cumplió, y bien, y se le agradeció por ello, enfatizó.

Escobar Pérez, quien se desempeñó como alcalde de Jalapa en el periodo 2001-2004 y después se integró al gabinete del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán como encargado de la Secretaría de Gobierno, fue designado titular de la PGJE el primero de diciembre de 2010.

El mandatario turnó una iniciativa al Congreso para modificar la Constitución, que le impedía convertirse en procurador por haber ocupado un cargo de primer nivel en la administración saliente. Tras la reforma legal, Escobar Pérez rindió protesta como titular de la PGJE el 31 de mayo pasado.

La salida de Escobar Pérez ocurre en medio de la polémica y la crítica generalizada por sus declaraciones en torno a la violencia generada por la lucha contra la delincuencia organizada y otros casos que han generado el repudio de las sociedad.

En el crimen de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, cuyo cadáver mutilado fue localizado el 26 de julio, Escobar Pérez informó horas más tarde que la comunicadora tenía nexos con la delincuencia, lo cual motivó que el diario Notiver, el más influyente de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, exigiera su renuncia en la edición del 27 de julio.

Sin embargo, la crítica más severa contra Escobar Pérez se suscitó cuando el pasado 20 de septiembre 35 cuerpos fueron abandonados sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río, frente a la plaza comercial Las Américas. Declaró que todas las víctimas tenían nexos con el crimen organizado, pues habían sido procesadas por secuestro, extorsión y asesinato.

La versión causó polémica e incluso fue desmentida por la vocera presidencial, Alejandra Sota, quien aclaró que muchas víctimas no estaban registradas en Plataforma México, como aseguró Escobar.

Este viernes el gobernador dijo que los 32 cadáveres encontrados la víspera en tres casas de seguridad de los fraccionamientos Jardines de Mocambo, Costa Verde y Costa de Oro, en Boca del Río, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Jalapa, donde se practican las necropsias y se lleva a cabo el proceso para su identificación.

Negó que su administración apueste a la opacidad en el tema de la violencia, y aseguró que no se oculta información a la opinión pública. “Es ingenuo, tonto, decir eso, porque primero es un operativo conjunto. ¿Cómo voy a querer ocultar algo cuando lo estoy haciendo de la mano del gobierno federal?, preguntó.

“Es una irresponsabilidad –agregó– informar algo cuando todavía no se tienen los elementos concluyentes. Eso generaría mucho menos que dar certidumbre e información oportuna a la sociedad, sería una desinformación a la sociedad”, señaló en referencia a un comunicado emitido por su gobierno la tarde del jueves, en el que negaba el hallazgo de los 32 cadáveres.