yer, 7 de octubre, se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Decente, concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a propuesta de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, realizada en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas, la cual reflexionó sobre el nuevo orden mundial y la reversión de los impactos negativos de la globalización. Cuatro años después, la OIT postuló este tema como una prioridad en su estrategia internacional.

La traducción en español de decent work ha generado controversias; algunos opinan que debería denominarse trabajo digno o ético, otros más, trabajo honesto. Finalmente, el motivo de fondo es destacar la importancia del trabajo como parte de las políticas públicas que tiendan a lograr una globalización equitativa, la reducción de la pobreza y la aplicación de los estándares mínimos que deben implementar los países miembros de la OIT en materia laboral.

El gobierno mexicano ha practicado frente a la OIT una política contradictoria. En el ámbito internacional, se ostenta como un país cumplidor de sus responsabilidades, promotor de la paz, de los derechos humanos y laborales. En el espacio interno, ejerce una política de control y simulación contraria a las responsabilidades contraídas.

México ha tenido una vida muy activa en la OIT. Desde septiembre de 1931 ingresó como miembro, y a partir de entonces ha ocupado la presidencia del Consejo de Administración en cinco ocasiones y firmado 78 de sus 185 convenios. Con liberalidad y cierto cinismo ha apoyado campañas mundiales de la OIT, como la relativa a la Declaración de Derechos Fundamentales del Trabajo o la Campaña Internacional contra el Trabajo Infantil.

Al asumir el gobierno mexicano la Declaración de Derechos Fundamentales se comprometió a promover la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo. Al integrarse al Programa de Trabajo Decente, adicionalmente se obligó a promover el trabajo productivo con ingreso justo en condiciones de libertad, equidad y dignidad, la seguridad social y el diálogo social.

Datos duros acreditan en nuestro país la incongruencia entre el discurso político y la realidad cotidiana. En la página web de la OIT se reporta la existencia de 66 quejas presentadas contra el gobierno mexicano ante el Comité de Libertad Sindical por violaciones al Convenio 87 relativo a la libertad de asociación sindical; de 1990 a 2006, la organización ha formulado 66 observaciones legislativas y 26 prácticas tendientes al ejercicio efectivo de este derecho fundamental. Sólo ha cumplido una de carácter legislativo.

Un caso concreto que acredita la disparidad entre la imagen exterior y la política real ha sido la queja 2694 presentada ante la OIT por las organizaciones sindicales más importantes del mundo y destacados gremios nacionales. En ella se exhibe el funcionamiento del modelo laboral, se explican y documentan los obstáculos para adquirir personalidad jurídica y reconocimiento de las directivas sindicales, la degradación de la contratación colectiva a partir de la potestad que se otorga a los patrones para escoger el sindicato con el cual firman contrato colectivo y para mantenerlo aun en contra de la voluntad de los trabajadores; se acreditan con detalle las deficiencias en la administración de la justicia que suele actuar con parcialidad y lentitud, se muestran las prácticas de corrupción consentidas y promovidas por los propios gobiernos tanto en el ámbito local como federal, cuyo producto son los llamados contratos colectivos de protección patronal que abarcan más de 90 por ciento de los centros de trabajo; en fin, se comprueba con pelos y señales cómo el modelo laboral mexicano es contrario a los compromisos y principios asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional.

Como resultado de esta queja, la OIT ha recomendado al gobierno asumir tres temas fundamentales: la representatividad de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente, la parcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje y la duración excesiva de sus procedimientos, así como la necesidad de reformas legislativas para reforzar los derechos gremiales. Si observamos la conducta gubernamental, confirmaremos que en todos estos temas se transita en sentido contrario. Se oculta la información pública sobre estas quejas; se promueve una reforma laboral que tendría efectos negativos al pretender una subcontratación deprededadora, el despido barato y mayor control para el ejercicio de la contratación colectiva y la libertad de asociación.

La respuesta del gobierno mexicano a esta histórica queja es de antología: negó todo. Frente a esta conducta, la OIT formuló una recomendación para que se estableciera un diálogo con las organizaciones sindicales querellantes: la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y los sindicatos nacionales de telefonistas, mineros, universitarios y del Frente Auténtico del Trabajo. Nuevamente, la respuesta ha sido ignorar la recomendación y negarse al diálogo. Esta conducta será motivo de revisión en el próximo cónclave del Consejo de Administración de la OIT en noviembre próximo en Ginebra, Suiza.

La mejor manera de celebrar el Día del Trabajo Decente es dar a conocer la realidad laboral mexicana y exigir que los compromisos internacionales se cumplan. Diversas organizaciones, entre ellas la Unión Nacional de Trabajadores y las integrantes de la campaña trabajo digno derecho de las mujeres, se han dado esta tarea.

En una pena el silencio de la representación de la OIT en México y del propio gobierno mexicano frente a esta campaña mundial por el trabajo decente.