Morelia, Mich., 7 de octubre. La comisión por la defensa de los bienes comunales de la población nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, informó que el activista Pedro Leyva Domínguez, participante en la lucha por la recuperación de tierras contra los pequeños propietarios de la comunidad de La Placita, fue asesinado la noche del jueves por un grupo de paramilitares.

El cuerpo del miembro de la guardia comunal de Ostula, y representante ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue encontrado en el poblado de Xayakalan, perteneciente al predio que los comuneros de Ostula recuperaron el 29 de junio de 2009, tras una larga lucha con los pequeños propietarios.

El crimen de Leyva Domínguez ocurre a unos días que la comunidad concluya una consulta interna a fin de de analizar y tomar decisiones en torno de la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural, sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica al poblado, sobre la posesión y propiedad del territorio y lograr una compensación económica a los pequeños propietarios que se dicen afectados.

Sin embargo, la consulta en Santa María Ostula no ha podido ser concluida, debido a la ola de violencia que se ha desatado contra sus líderes, por lo que en la comunidad se reorganizó la policía comunitaria tradicional y se nombró una guardia comunal ejercer su derecho a la autodefensa.

La comunidad ha denunciado acciones de contrainsurgencia a manos de grupos de narcotraficantes, paramilitares y policías; además, acusa que existe una fuerte presión para obligarlos a abandonar las tierras recuperadas y romper el acuerdo de asamblea que determinó no permitir la instalación de casillas en la comunidad durante los comicios del próximo 13 de noviembre noviembre para renovar la gubernatura, el Congreso y 113 ayuntamientos.

El pasado 27 de octubre, Leyva Domínguez asistió a la ciudad de México a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones, como las que integran la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y los representante de los gobiernos federal y estatal de Michoacán, a fin de abordar, entre otros temas, el de la seguridad de las autoridades comuni-tarias, debido al temor y riesgo que enfrentan desde que se recuperó el territorio de Xayakalan.

Más de dos años de crímenes

El comunicado de la comisión señala que Leyva Domínguez fue cobardemente asesinado por paramilitares que operan en la región al servicio de los grupos de la delincuencia organizada, que desde hace más de dos años persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de la comunidad y de los pueblos vecinos con total impunidad.

La violencia y las agresiones contra los miembros de la comunidad nahua de Santa María Ostula continúan ante los ojos cómplices de los gobiernos federal, estatal y local, sostiene.

En un comunicado, la Agrupación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas exigió que el gobierno de Michoacán y el federal cumplir con las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la presentación con vida de los desaparecidos.

Además solicitaron que cese el hostigamiento militar y paramilitar contra líderes del poblado y las autoridades civiles y agrarias, y que el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria finalmente dé solución al conflicto.

De la misma forma pidió garantías para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal y se respete la decisión de los nahuas de Ostula de no participar en el proceso electoral de Michoacán.

Origen del conflicto

El conflicto tuvo su origen en la ejecución de un fallo presidencial de 1964 que dotó a Santa María Ostula de 19 mil 32 hectáreas, entre las que se incluyeron presuntas propiedades particulares, sobre las cuales los comuneros realizaron actos de dominio en 2003.

En respuesta, los pequeños propietarios interpusieron una controversia agraria en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, por 359 hectáreas.

El tribunal determinó que se debían respetar 277 hectáreas a los propietarios particulares por haber acreditado su tenencia con escrituras, pero también ordenó entregar a la comunidad 83 hectáreas en poder de los particulares.

Ambas partes se inconformaron e interpusieron recurso de revisión en el Tribunal Superior Agrario, que confirmó su sentencia. La comunidad promovió amparo ante el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que ordenó al Tribunal Superior Agrario reponer el procedimiento, el cual actualmente se encuentra en trámite.

Cabe señalar que según organizaciones civiles de julio de 2008 a la fecha han sido privados de la vida 23 comuneros nahuas. Además, han sido secuestrados o desaparecidos de febrero de 2010 a la fecha, Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Máximo Magno Valladares y Enrique Domínguez.