Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron su propuesta de ley de cambio climático y desarrollo sustentable y una iniciativa que modifica la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, encaminadas a atacar a fondo los problemas de contaminación en el país. Se imponen sanciones a las personas físicas o morales que van de diez mil a 30 mil días de salario mínimo.

En la exposición de motivos se indica que aunque desde 2005 se creó en el país una comisión intersecretarial de cambio climático para la puesta en marcha de la convención marco de las naciones unidas sobre el tema y se desarrolló un programa en la materia, estas acciones carecen de un marco legal que les dé obligatoriedad. Ante ello, se asevera, resulta necesario desarrollar los ordenamientos jurídicos que garanticen su permanencia.

Destacan los senadores de PRI y del Verde Ecologista que es necesario reconocer que el cambio climático en México es un tema que afecta a la economía y a la sociedad, por lo que se requiere una estrategia nacional y de políticas públicas proactivas para enfrentarlo, con metas claras, planes coherentes, fondos y presupuestos propios y una coordinación efectiva de los distintos niveles de gobierno y de la concertación de los diversos sectores que conforman de la sociedad mexicana.

Refieren que los principales sectores que emiten compuesto de efecto invernadero (CEI) son: energía, incluido el transporte, 60.7 por ciento; desechos, 14.1 por ciento; cambios de uso del suelo y silvicultura, 9.9 por ciento; procesos industriales 9 por ciento y agricultura 6.4 por ciento.

La iniciativa propone crear el fondo nacional para el cambio climático, con el propósito de captar y canalizar recursos financieros (públicos, privados, nacionales y extranjeros) para apoyar la instrumentación de las acciones.