a suma de justicia y aborto legal resulta en menor delincuencia a mediano plazo. Tal es la ecuación demostrada por John Donohue y Stephen Levitt, profesor de las universidades Yale, Stanford y Harvard, el primero, y del MIT y Chicago, el segundo. Hace cuatro años, en ocasión de la despenalización del aborto en la ciudad de México, referí los resultados de ese estudio, y pienso que hay que recordarlo ahora, ante el reciente fallo de la SCJN, con el cual se sostiene la criminalización del aborto en dos entidades del país.
Los dos economistas habían enfocado sus estudios al impacto de las políticas públicas en el empleo, la violencia y la delincuencia; sin embargo, al no encontrar una explicación satisfactoria sobre el persistente decremento del crimen en cinco entidades de Estados Unidos y ante la casi nula correlación con factores generalmente asociados, tales como los niveles de encarcelamiento, el número de policías, la tasa de empleo, el ingreso per cápita, la tasa de pobreza o estrategias específicas para mejorar el trabajo policiaco ellos se dieron a la tarea de profundizar en el análisis de otros indicadores. Cuál no sería su sorpresa al descubrir que la única variable explicativa era el acceso a servicios de aborto legal. El estudio El impacto de la legalización del aborto en la delincuencia
fue publicado en mayo de 2001 por el Quarterly Journal of Economics, y ofrece evidencia de que la legalización del aborto contribuye significativamente a la reducción de la delincuencia. Aquí las conclusiones: en los cinco estados donde se inició desde 1969 la liberalización del aborto (Nueva York, Washington, Alaska, Hawai y California) la reducción de la delincuencia comenzó más tempranamente que en el resto. Los estados con tasas más altas de aborto en los años 70 y 80 presentan las mayores reducciones de delitos en los 90, veinte años después; en otros se registra un declive del crimen entre jóvenes que nacieron posteriormente a la legalización nacional del aborto, y que presentaron una alta incidencia de interrupción del embarazo, llevando control estadístico sobre el factor del boom económico. Entre las correlaciones importantes hay que señalar que la edad pico para la actividad criminal se ubica entre los 18 y los 24 años, que es el tiempo relativo en que empezó a declinar la delincuencia, y que se presentaron tasas desproporcionadamente altas de aborto entre madres pobres y con baja escolaridad, cuyos hijos califican con probabilidad estadística para convertirse en delincuentes, así que el estudio también enfatiza que el riesgo de criminalidad sigue siendo una de las consecuencias de la inequidad social. Los investigadores afirman: Nosotros solamente encontramos que los niños no deseados son más propensos a cometer delitos que los que fueron deseados
, y ante discusiones sobre posibles intereses ideológicos o clasistas se defienden: No consideramos que abortar sea un buen método para prevenir el delito
. El estudio concluye que la legalización de la interrupción del embarazo da cuenta de 50 por ciento de la reciente reducción de los delitos (sobre todo homicidio, robo y violencia) y que la evidencia es consistente: se reducen las tasas con un intervalo de 20 años. El aumento del encarcelamiento entre 1991 y 1997 creció 50 por ciento en este periodo, pero el crimen descendió a 10 por ciento, así que juntos, aborto y aumento del encarcelamiento explican en mucho, si no es que el total del decremento de la delincuencia. “Aunque ese descenso es un fenómeno muy positivo –señalan los autores–, el vínculo entre el aborto y el crimen no debe ser interpretado como respaldo al aborto ni como un llamado a la intervención del Estado en decisiones que sólo competen a las mujeres. Es necesario considerar que las opciones de vida de quienes nacen únicamente porque sus madres no pudieron abortar son relativamente opacadas frente a los bebés que sí fueron deseados, y cuya probabilidad de ser delincuentes es baja”.
¿Cuántos de los sicarios y miembros del crimen organizado son hijos no deseados? Probablemente muchos. Con base en la evidencia me arriesgo a proyectar: si se sostiene el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la ciudad de México y se lucha efectivamente contra la impunidad, en 16 años (ya van cuatro de ILE) ocurrirá un descenso de 20 por ciento de delincuentes en nuestra ciudad capital. Para que esas políticas se extiendan a todo el país hay que llevar a la Presidencia a los candidatos que han gobernado en el Distrito Federal. O seguirá ocurriendo lo contrario en el interior: se llevará a la cárcel a las mujeres que abortan en vez de a los delincuentes, seguirán naciendo más hijos no deseados y creciendo los índices de delincuencia, porque además faltó un solo voto en la SCJN para declarar la inconstitucionalidad de las leyes antiaborto de los gobiernos locales.
Por eso celebro que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard vayan como precandidatos a la Presidencia de México. Me parece crucial que Andrés Manuel haya señalado el domingo pasado que si no hay cambio de régimen no será posible detener el proceso de degradación progresiva que padecemos
, y valoro en especial que mencionara que en la lucha contra la inseguridad, además de educación y empleo para la juventud es necesario el respaldo de las fuerzas progresistas del país.
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