n mes después del apagón del 8 de septiembre del 2011, que dejó a millones de personas sin energía eléctrica en los estados de California, Baja California, parte de Sonora y Arizona, no existe reporte alguno, validado por dependencias mexicanas o estadunidenses, que explique desde el punto de vista técnico las causas que generaron el colapso energético que impactó la vida económica de esta región fronteriza binacional.

La explicación pedestre de SDG&E de Sempra, compartida por la CFE, convertida hoy en oficialía de partes de Sempra, acerca de que el apagón se debió a un error humano de un trabajador en una pequeña subestación de energía en Yuma, ha sido calificado por la Red de Acción Consumidores de Servicios Públicos de California (UCAN) de argumento cuestionable, deshonesto y descarado.

SDG&E de Sempra no sólo dejó sin energía a esta poblada región fronteriza sino también hoy ha oscurecido la investigación sobre las causas (o los motivos) que generaron el apagón del 8 de septiembre. Oficialmente y por escrito SDG&E ha informado a los consumidores estadunidenses que no dará ninguna información a la ciudadanía, la cual, según Sempra, sólo serviría para confundir al público.

Las preguntas que se hace la comunidad fronteriza en el sentido de ¿qué fue exactamente lo que salió mal?, ¿por qué se apagó la planta de San Onofre?, ¿por qué toda la red de energía de San Diego y Baja California se derrumbó por un cortocircuito?, ¿quiénes son los responsables principales del apagón?, no han tenido ninguna respuesta oficial de Sempra Energy.

Sin embargo, la directora de Sempra, Debra Reed, una semana después del apagón declaró al diario San Diego Union Tribune que han solicitado a la Comisión Reguladora de la Energía en California una autorización para el incremento de tarifas eléctricas, con el propósito de invertir en tecnologías que ayuden a mejorar la eficiencia a largo plazo de las operaciones de la empresa.

La estrategia de Sempra es clara y descarada: sobre el apagón, no da ninguna información, pero diseña una estrategia para que la Comisión Reguladora de Energía en California le autorice un aumento a las tarifas eléctricas de mil 500 millones de dólares durante los próximos cuatro años, lo que significa un incremento de 7 por ciento con respecto a las tarifas actuales. De esta manera, al mantener en la oscuridad la información técnica que brinde una explicación detallada de las verdaderas causas que originaron el apagón, ganará el tiempo necesario para mantener en el imaginario colectivo la idea de que un aumento a sus ingresos es lo que evitaría la repetición de otro colapso energético de esta envergadura.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía de California (CPUC) se llevarán a cabo ocho audiencias en el condado de San Diego, los días 10, 11, 12 y 13 de octubre, donde la compañía SDG&E de Sempra ofrecerá sus argumentos sobre el incremento de las tarifas eléctrica de mil 500 millones de dólares.

Sin embargo, lo que no puede ocultar Sempra Energy es el enorme despilfarro y las ganancias exorbitantes de sus directivos, en medio de una crítica situación económica que ha golpeado a los ciudadanos en ambos lados de la frontera.

¿Cómo puede justificar Sempra Energy la solicitud de un incremento en sus tarifas considerando lo que ganan los directivos de la empresa, como es el caso de Donald E. Felsinger, el cual él solo tuvo un ingreso en el año 2010 de casi 6 millones de dólares por parte de la empresa?

¿Con qué cara justifica Sempra una solicitud de aumento a las tarifas eléctricas cuando en los terrenos de la regasificadora de Ensenada el mismo Donald E. Felsinger se construyó una mansión de descanso con un valor de arriba de 20 millones de dólares, cuyo gasto y dispendio fue denunciado por el ex contralor de Sempra Rudy Michelon, y la supervisora del condado de San Diego, Dianne Jacobs, solicitó que se abriera una investigación judicial al respecto?

¿De qué manera pueden justificar la solicitud del aumento a las tarifas cuando en las compras de terrenos para la regasificadora de Ensenada Sempra pagó más de 8 millones de dólares por una parcela ubicada a cientos de kilómetros del lugar donde se ubica la planta, en una operación financiera cuyo único propósito sólo fue eludir el pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda en México?

¿Cómo le explicará Sempra a los ciudadanos de San Diego que necesita incrementar las tarifas para pagar millones de dólares que gasta en corromper a autoridades mexicanas, en contratar despachos de abogados, apoyar campañas políticas en México, intervenir en procesos electorales en forma ilegal y anticonstitucional, gastar en ostentosas campañas publicitarias para generar una falsa imagen de seguridad en la empresa, que con el caso del apagón se demostró que es inexistente?

Mientras la grave crisis social azota la economía de los contribuyentes en ambos lados de la frontera, la empresa SDG&E de Sempra, amparada en el temor de la ciudadanía frente a nuevos apagones, intenta incrementar las tarifas para aumentar las ganancias de sus funcionarios y su política expansionista y monopolizadora del suministro de la energía en esta región fronteriza binacional.

Para detener las pillerías de esta clase política y económica, es necesario fortalecer los lazos de unión entre las organizaciones ciudadanas en ambos lados de la frontera; sólo así Sempra verá derrotada su estrategia, que desde hace años viene afectando la vida económica, social y política de esta región del mundo.