Un juzgado federal recibió este martes una petición de orden de aprehensión contra tres colaboradores de Isabel Sánchez Hernández, fiscal de la unidad antilavado de dinero de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), acusados de colaborar con su ex jefa en el robo de ocho vehículos que eran propiedad de un presunto operador financiero de los hermanos Beltrán Leyva, revelaron fuentes judiciales.

Los funcionarios consultados se negaron a mencionar los nombres de los servidores públicos implicados –para evitar que puedan evadir la aprehensión–, pero indicaron que la consignación es por los delitos de peculado y cohecho, los cuales no son considerados graves por las leyes penales mexicanas y permiten la libertad provisional bajo fianza.

El pliego de consignación llegó ayer al juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales, y el juez de la causa tiene dos semanas para decidir si emite la orden de aprehensión.

Desde septiembre pasado, la visitaduría general de la Procuraduría General de la República (PGR) puso la mirada sobre el personal de la unidad antilavado de la Siedo.

Luego del arraigo de la fiscal de esa unidad, Isabel Sánchez, la visitaduría ha tomado declaración a 19 testigos, entre ellos a nueve que el pasado 7 de abril participaron con la funcionaria en un cateo al inmueble de Sierra Gorda 23, en Lomas de Chapultepec, donde vivía Arturo Culebro Arredondo. La fiscal, actualmente detenida, estaba encargada de las indagatorias contra Culebro y su cómplice César Fabregat Ocampo, arrestado el 3 de febrero pasado, y por ello encabezó cateos en el Distrito Federal y Acapulco a propiedades de ambos operadores del narco.

Un abogado llamó a la Visitaduría para denunciar a la funcionaria, quien fue investigada durante las cuatro semanas recientes. Como parte del desarrollo de esas pesquisas, funcionarios de la PGR entraron con orden judicial a casa de la fiscal Sánchez, donde hallaron documentos relacionados con las indagatorias de los dos operadores de la organización colombiana.

La PGR sostiene que a cambio de los carros, la fiscal habría ayudado a Culebro a enfrentar una indagatoria mal integrada para que no prosperara en los juzgados.