La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que por conducto de la visitaduría general, obtuvo ayer del juzgado décimo séptimo de distrito de procesos penales federales, un auto de formal prisión contra Isabel Sánchez Hernández, agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrita a la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado.

En tanto, documentos judiciales revelan que el pasado 8 de septiembre un abogado se comunicó a las oficinas de la visitaduría de la PGR para denunciar que la fiscal Isabel Sánchez había pedido a un presunto lavador de dinero de los hermanos Beltrán Leyva, un pago de 500 mil dólares a cambio de ayudarlo en la investigación que inició contra un supuesto colaborador de ese grupo criminal, revelaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La información recabada en los juzgados de la ciudad de México indican que el denunciante refirió que la abogada se quedó con dos camionetas de lujo, una Toyota Sienna y una BMW X6, decomisadas durante un cateo que ella emcabezó en abril a un presunto operador financiero.

En la causa penal 152/2011, del juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales, a la que tuvo acceso La Jornada, consta que la visitaduría de la PGR inició una indagatoria contra la funcionaria y solicitó a un juez federal la intervención de sus llamadas telefónicas, con lo que se pudieron grabar algunas conversaciones en las que la fiscal solicitó dádivas, al menos en tres ocasiones, a abogados que defienden a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Isabel Sánchez Hernández está sujeta a proceso penal por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, cargos por los cuales obtuvo libertad bajo caución, pero la PGR volvió a detenerla el 26 de septiembre y desde el pasado 2 de octubre está bajo arraigo por una investigación en su contra por delitos contra la administración de la justicia, robo agravado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sánchez Hernández se tituló de licenciada en derecho en 1993 por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la cédula 1771173, según datos que de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

En su declaración patrimonial de este año, la funcionaria determinó no hacer públicos sus bienes; sin embargo, de acuerdo con los datos que constan en la PGR, el pasado 31 de mayo declaró ser agente del MPF adscrita a la Siedo y tener como función principal la investigación de delitos.

Sánchez Hernández comenzó su carrera en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en enero de 2008 y se dio de baja en octubre de 2008, cuando era agente del Ministerio Público adscrita a la dirección general de delitos sexuales. Sus registros laborales pueden ser rastreados hasta noviembre de 2005, cuando ingresó como actuaria en el Tribunal Superior Agrario, donde trabajó hasta diciembre de 2006, y en abril de 2007 comenzó a laborar en la Siedo con la clave presupuestal CF37014.