Sospecha el presidente boliviano que hubo mano negra
en el operativo en Yucomo
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Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 34
La Paz, 4 de octubre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que algunos policías utilizaron la marcha de los amazónicos, que se oponen a la construcción de una carretera que uniría los departamentos de Beni y Cochabamba, para afectar su imagen de corte indígena y ecologista y desprestigiar al gobierno.
En entrevista para la cadena ATB, Morales aseguró que todo lleva a pensar que hay mano negra para hacer quedar mal al presidente y al gobierno
, al referirse a lo sucedido el 25 de septiembre en las cercanías de la localidad de Yucomo, donde la policía dispersó una marcha de los indígenas que se dirigía a La Paz para expresar su rechazo a la vía que cruzará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Morales expresó su sospecha de que las imágenes en que se ve a uniformados que arrastran a indígenas atados y amordazados, fueron realizadas por la propia policía y no por periodistas. Es muy raro lo que pasó. Siento que algunos policías no quieren al presidente ni al gobierno y se aprovechan de este tipo de movilizaciones para desacreditar
, manifestó.
El presidente dijo que ordenó una investigación para esclarecer las causas y la forma en que actuó la policía al trasladar a los marchistas desde las proximidades de Yucomo a San Borja, y después a Rurrenabaque, poblaciones contiguas. Quisiera que me investiguen, creo que hay alguna mano negra para hacer quedar mal al presidente y al gobierno nacional
, subrayó.
El vicepresidente Álvaro García hizo eco de las declaraciones de Morales al afirmar que hay una campaña de falsedades y mentiras dirigidas por Juan del Granado, líder del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), para dañar la gestión del gobierno
.
Del Granado ha hablado de un supuesto sobreprecio en la construcción de la carretera que, afirma, es la más cara en la historia de Bolivia, y denuncia que toda controversia debe ser sometida a leyes y tribunales brasileños –la obra está a cargo de la empresa brasileña OAS– en una presunta violación al artículo 320 de la Constitución Política del Estado boliviano.