Con su estructura actual el sistema financiero mexicano no es promotor del crecimiento, el empleo y la inclusión financiera. La evaluación es hecha por Adalberto Palma, presidente de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifim), que agrupa a un conjunto de bancos, casas de bolsa, Afores y aseguradoras, entre otros intermediarios, de capital nacional. Las políticas gubernamentales hacia el sector, que es dominado por grandes firmas foráneas, son excluyentes con los bancos pequeños y de capital nacional, añade.

Pone un ejemplo: por el solo hecho de ser de menor tamaño, los bancos nacionales son afectados por reglas que les impiden participar en operaciones con grandes empresas públicas, como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, lo que actúa en beneficio de las firmas más grandes del sistema.

La estructura regulatoria y de supervisión del sistema financiero actúa en favor de las firmas dominantes en el sector –tres instituciones bancarias, todas extranjeras, controlan 80 por ciento del negocio bancario en el país–, plantea Palma. Tratar igual a desiguales es inequitativo, plantea en una entrevista con La Jornada. En términos de la regulación, la autoridad actúa de esa manera. No reconoce, dice, las diferencias de modelo de negocio entre los grandes bancos y las instituciones de menor tamaño, algunas con presencia regional o que participan en sectores específicos de actividad.

Alguien dice que lo que buscamos son privilegios y que traemos ese nacionalismo trasnochado. Lo que pasa es que no buscamos privilegios, sino simplemente el reconocimiento de un modelo de negocio distinto, menciona Palma, antiguo vocal del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), donde se distinguió por su independencia de criterio durante el proceso de discusión del rescate financiero de 1995.

Constituida en 2008 por un grupo de instituciones de capital mexicano, la Unifim agrupa actualmente medio centenar de intermediarios financieros, de los cuales 15 son bancos, siete casas de bolsa, tres administradoras de fondos para el retiro y siete operadoras de fondos. En el caso de los intermediarios crediticios, se trata de firmas orientadas a la atención del mercado popular o que se enfocan en nichos de actividad específicos, como Banco Azteca, Compartamos, Bancoppel, Banco del Bajío, Banco Ahorro Famsa, por citar algunos.

Adalberto Palma, presidente de Unifim, en entrevista con La Jornada, en sus oficinas de avenida de Las PalmasFoto Carlos Cisneros

Unifim quiere poner sobre la mesa de discusión un tema que Adalberto Palma identifica como “la arquitectura del sistema financiero que opera en el país. Esto es, que quede claro –no sólo entre el público, sino con legisladores y autoridades regulatorias– que en el sistema financiero nacional existen diferentes modelos de negocio. Están los bancos dominantes, que concentran el crédito, el ahorro y la captación, pero también otras entidades que atienden a sectores específicos, no necesariamente cubiertos por los primeros.

–¿Así como está no es lo más eficiente para crecimiento, empleo e inclusión financiera?

–Es evidente que el país no ha crecido, y es evidente que tenemos problemas de empleo y es evidente que a la inclusión le queda espacio. Las cosas no están del todo mal, se pueden mejorar, y para ello tenemos que participar todos en esa discusión y análisis. Parece que no necesariamente es el caso.

El diseño institucional del sector financiero mexicano excluye a las instituciones de menor tamaño al tratarlas con las mismas reglas vigentes para las grandes firmas, que tienen más facilidad de acceso al capital, plantea Palma.

“Por definición de políticas, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no les permiten a las paraestatales poner sus fondos en instituciones que no sean AAA y así excluyen a los que sólo por su tamaño –sin considerar la forma en que son gestionadas o su solidez financiera— son BBB. Por definción están excluyendo a instituciones que tienen necesidad de fondearse (captar recursos) con desventaja competitiva frente a los grandes, que cuentan una amplia red de sucursales, mientras los pequeños que andan rascando a ver de dónde obtienen el fondeo”.

Tratar igual a desiguales es inequitativo y en términos de la regulación eso es parte de la filosofía. No se reconoce, o no es evidente el reconocimiento, de las diferencias de modelos de negocios para tratar igual a desiguales, considera.