La oposición de vecinos y comerciantes a la construcción de la línea 4 del Metrobús provocó que más de un centenar de granaderos se apostaran, la madrugada de ayer, en las calles Belisario Domínguez y República de Venezuela, desde el Eje Central hasta República de Argentina, con el fin de abrir cuatro frentes de obra, donde con el apoyo de rotomartillos y retroexcavadoras se levantó el pavimento en menos de 12 horas.

Las agresiones de granaderos a más de una veintena de personas durante la noche del lunes, de acuerdo con representantes vecinales, los llevó a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a la que se asignó el expediente 11/D/6054 en la primera visitaduría, aunque algunos dijeron que acudirían a presentar una denuncia ante la procuraduría capitalina.

No vamos a permitir que encima de imponernos una obra, que pone en riesgo varios inmuebles que datan de los siglos XVIII y XIX, donde vivimos o trabajamos, nos quedemos con los golpes recibidos por una bola de policías que arremetieron por igual contra niños, mujeres y personas de la tercera edad, señalaron.

Las autoridades capitalinas violentaron las negociaciones que sosteníamos desde hace dos meses para buscar medidas de mitigación, como el apuntalamiento o demolición parcial de inmuebles dañados, la entrega de apoyos económicos o condonar impuestos, derivadas de la afectación que traerá el cierre de estas calles y el impacto que tendrá en nuestros negocios.

En Juan Cuamatzin, en La Merced, los comerciantes dicen que registran una caída de hasta 80 por ciento en sus ventas, por lo que se ven obligados a despedir gente. Una situación similar se vive en la calle Ayuntamiento, donde los trabajos están parados, pero con tanta zanja abierta, la gente no llega a los negocios, denunciaron.

Mientras, vecinos y comerciantes de Belisario Domínguez y República de Venezuela señalaron que se mantendrán en pie de lucha, pues los riesgos de que se nos caiga la casa son latentes, aunque las autoridades lo nieguen y señalen contar con los permisos del INAH para intervenir esta área. Hoy sabemos que nos enfrentamos a un gobierno represor, que no respeta acuerdos y utiliza la ley del garrote para acallar las inconformidades y beneficiar a la empresa Gami, que deja mucho que desear, pero vamos a seguir luchando para que esta obra se detenga, agregaron.

El director del Fideicomiso Centro Histórico, Inti Muñoz, rechazó que se violentara el diálogo que se sostenía con los diversos grupos al utilizarse la fuerza pública para iniciar las obras en esas calles. En las mesas instaladas hace dos meses se abordaron las medidas de mitigación que se aplicarían, como el apuntalamiento de edificios en riesgo y la demolición parcial del inmueble marcado con el número 63 de Belisario Domínguez.

El comienzo de las obras, sin embargo, no estaba condicionado a la conclusión de las mesas, aunque no nos tocaba a nosotros decidir cuándo entraría la maquinaria, pero deben estar seguros de que esta línea les traerá más beneficios que perjuicios, al reducirse el parque vehicular que circula diariamente en la zona, así como las emisiones de contaminantes a la atmósfera, afirmó.

Precisó que no habrá ningún daño a los inmuebles históricos, como han señalado. En cada frente de obra se han logrado acuerdos con los vecinos y en esta parte no será la excepción, por lo que vamos a seguir negociando y mantendremos vigilancia permanente de los inmuebles con algún tipo de riesgo.