La Asociación Nacional del Notariado Mexicano (Annm) rechazó que los notarios públicos sean el sector más reacio a la nueva ley contra el lavado de dinero que impulsa el presidente Felipe Calderón.

Javier Pérez Almaraz, secretario de organización y vocero de la Annm, precisó que se trata de una ley que ayudará mucho al combate a los grupos financieros del crimen organizado.

En conferencia de prensa aclaró que los notarios únicamente somos surtidores de información y coadyuvantes de las autoridades tributarias y fiscales, pero la labor investigadora corresponde a las policías, al Ministerio Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera, y es ahí donde deberían tener mejores métodos para mejorar la investigación, para tener mejores resultados.

El pasado viernes, Javier Laynez, procurador Fiscal de la Federación, señaló que los notarios han sido los más activos en cabildear en el Senado contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con la nueva iniciativa se obliga a los notarios a identificar en la escritura la forma de pago de un bien si el monto excede un millón de pesos.

Cuestionado sobre esas críticas a los notarios, Pérez Almaraz, notario 125 del Distrito Federal, refirió que el notariado nacional es respetuoso de los poderes, pero hay que aclarar que nosotros somos de los más interesados en que se transparenten las cosas y estamos convencidos de que nosotros somos un elemento muy importante en el estado de derecho.

De su lado, Gerardo Aparicio, secretario de la Annm y notario 245 en la ciudad de México, refirió que en la medida que se nos impongan las leyes por supuesto que nuestra función es colaborar para combatir los recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero.

En representación de los más de 3 mil notarios agrupados a escala nacional, la asociación indicó que ellos únicamente realizan labor de prevención al asesorar y certificar operaciones que al final son revisadas por autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Registro Público de la Propiedad, entre otras, quienes tienen el deber de detectar posibles transacciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles con recursos de procedencia ilícita.

Javier Pérez dijo que “dentro de las funciones del notariado no está la de indagar respecto de dónde resulta el dinero con el que una persona, por ejemplo, compra un inmueble; ésa más bien es función de la autoridad fiscal.

Si la autoridad fiscal quiere saber de dónde sale el dinero, en el aviso que da el notario al SAT vienen los datos de quien vendió, su domicilio, su registro federal de contribuyentes, y el SAT o cualquier autoridad podría indagar, destacó.