Un conflicto social violento puede estallar en cualquier momento entre los indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas y los campesinos chiapanecos ocupantes de más de 48 mil hectáreas de sus tierras comunales, además de que están talando una parte del área de conservación comunal decretada por los chimas en el Cordón del Retén, advirtió el presidente del comité de vigilancia de la comunidad sanmiguelina, Álvaro Román Ríos.

En entrevista explicó que ambas comunidades indígenas decidieron rechazar la propuesta del gobierno federal de pagarles 90 millones de pesos para comprarles las 48 mil hectáreas ocupadas por los ejidatarios chiapanecos. Nuestra madre tierra no se vende, vamos a luchar para defenderla, subrayó.

Apuntó que hay comuneros que están dispuestos a ir a rescatar incluso si hay balazos –si bien han logrado contenerlos las autoridades comunales– un camión con 9 toneladas de resina que provenía de la comunidad Benito Juárez, de San Miguel Chimalapas, que les secuestraron los ejidatarios chiapanecos el pasado 29 de agosto, apoyados por la policía preventiva de Chiapas.

Explicó que en lugar de buscar resolver el conflicto de fondo, que fue la creación ilegal, en 1967, de ejidos chiapanecos en tierras comunales de los Chimalapas, autoridades federales y de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca pretenden que canjeen el camión de resina, producto de un proyecto de manejo sustentable del bosque, por uno cargado con madera que los zoques les retuvieron a los chiapanecos en junio del 2010. No estamos de acuerdo con eso, aseveró.

Román Ríos dijo que tanto San Miguel como Santa María Chimalapas ratificaron su voluntad de resolver el conflicto de tenencia de la tierra mediante la propuesta que hicieron desde 1993, cuando arrancaron la conciliación de campesino a campesino y le ofrecieron a sus compañeros chiapanecos admitirlos como comuneros chimalapas, siempre y cuando reconocieran y respetaran la legítima propiedad de las comunidades zoques sobre un territorio que le compraron a la Corona española el 24 de marzo de 1687.

Por esa vía se logró que se incorporaran a los Chimalapas, como comuneros, los núcleos agrarios chiapanecos de San Pedro Buenavista, Elsy Herrerías de Castellanos –hoy La Libertad–, La Lucha, Pilar Espinoza de León II, Ignacio Zaragoza y Nuevo Jerusalén.

Sin embargo los ejidatarios del poblado de Díaz Ordaz se niegan a incorporarse a los Chimalapas. La única solución que queda es que el gobierno federal, con los 20 millones de pesos que pretende pagarle a San Miguel por las 8 mil hectáreas que tienen invadidas y los 70 millones que quiere abonar a Santa María por sus 40 mil hectáreas, les compre otras tierras a los de Díaz Ordaz, y los reubique en otra parte, afirmó Román Ríos.

El comunero explicó que el añejo problema que enfrentan los chimas con los ejidatarios chiapanecos se agravó por el permiso de aprovechamiento forestal que indebidamente les dio a éstos en 2009 la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y el incumplimiento de los compromisos que asumió el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, el pasado 29 de abril, entre los cuales estaba solicitar al titular de la Semarnat la suspensión definitiva de esos permisos de aprovechamiento forestal que se dieron tanto a núcleos agrarios como a particulares chiapanecos.

Otro compromiso que asumió el gobernador oaxaqueño fue el de interponer una controversia constitucional para una solución definitiva al conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas en la región del conflicto, la integración de una comisión ejecutiva para la atención de los Chimalapas, y visitar la zona. Asimismo, ofreció apoyar a los comuneros en un proyecto que se le presentó para el deslinde de sus terrenos y apoyo económico para la contratación de un abogado en materia agraria y no se ha hecho nada; es preocupante para nosotros que los acuerdos no se han cumplido... por lo que la conclusión es que próximamente vamos a hacer algunas acciones, afirmó Román Ríos.