Expertos en derecho internacional y constitucional alertaron que México podrá enfrentar responsabilidades internacionales, de acuerdo con los tratados que ha suscrito sobre derechos humanos, al violentar o disminuir garantías básicas, como las de las mujeres sobre cuántos y cuándo tener hijos.

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) afirmaron que no sólo enfrentamos un claro retroceso en derechos constitucionales y humanos: en la escena internacional el gobierno mexicano podrá ser reconvenido, pues en vez de ampliar derechos, como es la tendencia mundial, se opta por limitarlos.

Luego de que el presidente Felipe Calderón solicitó al Senado eliminar la declaración interpretativa al párrafo primero del artículo cuarto del Pacto de San José, que establece la protección del derecho a la vida desde la concepción, y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí, Elisur Artega Nava, experto en derecho constitucional y catedrático de la UAM, enfatizó que enfrentamos un retroceso al estado laicoen materia de libertades.

Lo más preocupante, dijo, es que estamos llegando a un Estado absolutista, con tintes de dictadura militar, pues se ha destruido el estado de derecho.

Explicó que, de aprobarse en el Senado la petición del Ejecutivo, el país “incurriría en responsabilidad, pues Calderón asume la actitud de del rey de Francia Luis XV con su frase ‘después de mí, el diluvio’. Tal parece que quiere dejar un país ardiendo, ante las pocas expectativas de que el PAN permanezca en el poder”.

Al intentar derogar la declaración interpretativa, afirmó, Calderón pretende incorporar una ideología o principios religiosos a nuestro derecho, y que incluso trascienda nuestra Constitución, pues la reserva permitía concluir que en el Distrito Federal era válido despenalizar el aborto, pero si desaparece ésta implicaría que en la Corte, de llegar el caso, pudiera cambiar la posición del máximo tribunal”.

Jazmín Sánchez Estrada, especialista de la UAM en derecho internacional, afirmó que de aprobarse la derogación de la declaración interpretativa del Pacto de San José, ratificado por México en 1981, iríamos contra las obligaciones que pactamos, pues el discurso político se contradice con las decisiones asumidas en lo jurídico y seríamos sujeto de responsabilidad internacional.

Cuando una nación ratifica un acuerdo internacional se compromete de buena voluntad a cumplirlo, agregó.