Organizaciones ambientalistas celebraron la aprobación de la reforma al artículo cuarto constitucional en el Senado para garantizar el derecho al agua; la consideraron un logro de agrupaciones sociales del país e internacionales.

El siguiente paso es bajar a las legislaciones locales este derecho, apuntó Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quien dijo que es importante configurar una política de Estado sobre agua potable que incluya hacerla llegar a todos, sin violentar otros derecho humanos, como ocurre en El Zapotillo.

Hilda Salazar, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), dijo en entrevista que la reforma debe significar que el agua sea vista como derecho y no como mercancía ni servicio, lo que implica una reformulación de las leyes secundarias y de las políticas públicas.

En un pronunciamiento, la Comda expresó: “Aún hay en nuestro país más de 10 millones de personas que no tienen acceso al agua de la red pública. Si a esta cifra se suman las que no reciben la de buena calidad en forma permanente, asequible y accesible –como establecen los convenios internacionales– son muchos millones de mexicanos a quienes este derecho les está siendo negado”.

Llamó a los congresos locales a aprobar la reforma y dar celeridad al proceso.

Por separado, Pierre Terras, de Greenpeace, consideró que este avance constitucional se tiene que traducir en hechos, por lo que llamó a un riguroso control y sanción a las industrias que infringen la ley y que son las mayores contaminantes de los recursos hídricos.

Asimismo, Comda se refirió positivamente a la sentencia dictada por un juez de Morelos que protege a una pobladora del municipio de Alpuyeca, quien por más de 30 años no ha contado con servicio de agua en su vivienda.