El vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, informó ayer que Roberto Carlos López Castro, uno de los presuntos implicados en el ataque al casino Royale, perpetrado el 25 de agosto en Monterrey, fue detenido en Zapopan, Jalisco.

López Castro es uno de cuatro líderes de Los Zetas que presuntamente planearon el ataque al centro de apuestas, según dio a conocer el pasado 15 de septiembre José Cuitláhuac Salinas Martínez, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta entonces prófugos.

Supuestamente los propietarios del establecimiento se negaron a pagar la cuota que exigía el grupo delictivo y por eso atacaron el negocio, donde murieron 52 personas.

Domene Zambrano comentó que López Castro fue capturado el jueves en Zapopan, Jalisco, cuando viajaba en un automóvil en compañía de una mujer, que no tiene relación con el atentado. Fue trasladado a las instalaciones de la PGR en la ciudad de México y quedó a disposición del Ministerio Público Federal para que rinda declaración sobre el incendio, agregó.

En tanto, Miguel Asad Califa y Martín Tafich, que acudieron como testigos de descargo de Manuel Jonás Larrazabal Bretón, para tratar de probar su inocencia por las acusaciones de delincuencia organizada y cohecho por los que lo investiga la Procuraduría General de Justicia del estado, aseguraron que lo conocen desde hace más de 15 años y en ese tiempo les ha vendido quesos y otros productos de Oaxaca.

Carlos Fernando Soto Robledo, abogado de Larrazabal Bretón, dijo que con esta y otras pruebas esperan echar abajo los cargos contra su cliente de que extorsionaba a propietarios de centros de apuesta.

En la ciudad de México se informó que la Comisión Nacional de Orden del PAN tendrá listo a mediados de noviembre el dictamen sobre el caso de Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey, quien desacató la recomendación del Comité Ejecutivo Nacional para separarse de su cargo mientras se aclara la situación de su hermano Jonás.

A petición del edil, la Comisión de Orden del estado remitió su caso a la nacional, que recibió el expediente el 27 de septiembre y tiene plazo de 10 días hábiles para revisar que esté completo, reciba el acta del CEN pidiendo la sanción por indisciplina y las pruebas que aporte.

José Guadalupe Tarcisio Rodríguez, director de la comisión nacional panista, destacó que este órgano tiene 40 días hábiles de plazo, a partir de la radicación, para resolver el caso. Debe citar a las partes para que presenten alegatos y analizar las pruebas para emitir su resolución.