El Vaticano, por conducto de su vocero, Federico Lombardi, desmintió que el papa Benedicto XVI hubiese llamado a autoridades mexicanas para incidir en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) sobre las constituciones de Baja California y San Luis Potosí, que criminalizan el aborto.

Pese al desmentido, en México el tema provocó fuerte polémica. Académicos y defensores de los derechos humanos advirtieron que queda la duda de que la SCJN haya cedido a las presiones del Vaticano, además de que persiste la injerencia indebida de la jerarquía católica en asuntos de gobierno, lo que atenta contra la laicidad de la República.

Lombardi se refirió ayer a la declaración del obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías, quien sostuvo el jueves: casi perdíamos, pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo; es decir, que sólo faltó un voto para derogar el precepto que penaliza la interrupción del embarazo.

El vocero del Vaticano sostuvo que se trata de una noticia sin fundamento. Aseguró: el Papa nunca se ha comportado así, ni en el pasado ni en esta ocasión, y advirtió que debería preguntarse al obispo Guerrero “de dónde obtuvo esa información. De todas formas, es muy raro que el Papa haya presionado por teléfono, agregó en entrevista con la agencia Notimex.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se sumó a la postura del Vaticano. Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general del organismo, coincidió en que los dichos del obispo Guerrero carecen de fundamento, e insistió: sabemos que el santo padre siempre es respetuoso de la vida interna de las naciones.

Fuentes de la CEM descartaron que se tenga previsto regañar al jerarca de Mexicali, pues lo que prevalece es la autonomía diocesana, y añadieron que ante esta polémica lo más sano sería que él mismo aclarara sus dichos.

La diócesis de Mexicali asumió también la aclaración del Vaticano, y mediante un comunicado reiteró su respeto irrestricto a los poderes de la Unión, en especial a los ministros de la Suprema Corte y sus decisiones.

Estado débil

El jurista Vicente Fernández Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey, resaltó que pese a la aclaración del Vaticano, queda la duda sobre quién miente. A su juicio, de haberse dado la llamada telefónica del Papa, tuvo que ser no a una autoridad, sino a cualquiera de los cuatro ministros que votaron a favor de las reformas en Baja California y San Luis Potosí.

Ni el Papa ni los ministros lo van a reconocer nunca, y quedará la duda de que la SCJN pudo haber cedido a presiones del Estado vaticano, recalcó.

Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró que si el que no se apega a la verdad es algún integrante de la Iglesia, es aún más reprochable y serio, ya que mentir es pecado. De ser cierta la presión, se vulneró el Estado laico, insistió.

Que el Papa se atreviera a llamar a alguna autoridad mexicana o a los ministros habla de un Estado débil, y de que la Iglesia y sus obispos abusan del poder simbólico para interferir en las políticas públicas.

Por separado, Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, indicó que ningún jefe de Estado tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos exclusivos de otra nación. Apuntó que la jerarquía católica sigue siendo un factor de poder real, lo cual puede representar un riesgo para la laicidad.

Con lo anterior coincidió Adrián Ramírez, coordinador de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, quien alertó sobre el riesgo de muertes por abortos clandestinos.

Es muy grave que esa demanda de la jerarquía católica de proteger la vida desde la concepción vaya permeando en legislaciones locales, dijo Mar-tha Juárez, de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

Verónica Cruz Sánchez, del centro Las Libres, de Guanajuato, y Gabriela García, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, coincidieron en que el papel de la Iglesia no es emitir juicios ni intervenir en cuestiones del Estado mexicano, como son los derechos de las mujeres.