Culiacán, Sin., 30 de septiembre. De 2010 a la fecha unos 70 indígenas de Sinaloa y de otras regiones del país han sido excarcelados, luego de gestiones realizadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), que ha pagado fianzas y gestionado preliberaciones en casos de detenciones por delitos no graves, informó Jesús Alfredo Quintero Arias, titular de la dependencia en la entidad.

Detalló que los montos que se pagaron para sacar a los indígenas de los penales locales no son mayores a 65 mil pesos, pues en muchos de los casos se trata de delitos menores y reparación del daño. El año pasado, agregó, el monto para este programa fue de poco más de 900 mil pesos y en 2011 ascendió a 1.5 millones de pesos.

Los alrededor de 70 indígenas beneficiados con esta medida son en su mayoría tarahumaras, mayos, yaquis y coras, y de ellos, nueve eran mujeres. Quintero Arias explicó que la condición para ser liberados es que hayan delinquido por primera vez y se trate de delitos no graves.

Mencionó que entre los indígenas liberados hay algunos que fueron detenidos por robo de ropa y comestibles en centros comerciales; hurtos, lesiones y accidentes de tránsito.

Otros se dedicaban a la captura de camarón y fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Marina en altamar, en periodo de veda del crustáceo, y en este caso lo que se hizo fue pagar la fianza correspondiente.

En la mayoría de los casos, subrayó, fueron hombres los encarcelados, lo que significó que sus familias se quedaran sin sustento y desprotegidas, y en el caso de las mujeres aprehendidas, con su liberación se pretende mantener la unión familiar en los habitantes de los pueblos indígenas.

El funcionario dijo que además de la educación, la libertad es uno de los valores fundamentales que permiten el desarrollo de estas comunidades, donde además se busca mejoría en las condiciones de vida, en cuanto a servicios públicos y desarrollo social en general. Recordó que recientemente fueron detenidas tres mujeres coras que transportaban droga, pero no pudo lograrse la preliberación, pues se trata de un delito federal grave.

No obstante, agregó, se gestionó para que purguen condena en una cárcel de Nayarit, cerca de sus familiares. Afirmó que se logró un mejor presupuesto para este año porque Sinaloa es corredor de migrantes que viajan a la frontera y a Estados Unidos, y otros –alrededor de 250 mil– vienen de estados del sureste a trabajar en los campos agrícolas