Para combatir alzas injustificadas en el precio de la tortilla, la Secretaría de Economía (SE), la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enviaron un requerimiento a las autoridades de 98 municipios de 19 estados a las que acusan de violar el artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios, así como las leyes federales de Protección al Consumidor y de Competencia Económica con reglamentos locales que favorecen que algunas tortillerías se coludan para encarecer el alimento y obstaculicen la entrada de nuevos competidores.

Aunque inédito, el requerimiento federal sólo se reduce a un llamado, recomendación o sugerencia no vinculante, en tanto que los municipios no tienen obligación de cumplirlo.

Es un llamado respetuoso, pero enérgico, a las autoridades municipales, para que modifiquen sus reglamentaciones para evitar incurrir en prácticas anticompetitivas que lesionan el bienestar de los consumidores, ya que donde no hay competencia la tortilla cuesta hasta 11 por ciento más cara respecto al promedio nacional, explicó el secretario Bruno Ferrari, al anunciar con Eduardo Pérez Mota y Bernardo Altamirano Rodríguez, titulares de la CFC y Profeco, que se impulsará la competencia del mercado de la masa y la tortilla desde el ámbito local.

Según el secretario, el encarecimiento del maíz y de la tortilla no sólo obedece al alza mundial de los alimentos y a cambios climatológicos que afectan la producción agropecuaria, sino también a prácticas anticompetitivas en algunas localidades.

Prácticas que, detalló Pérez Mota, son cometidas tanto entre las empresas como avaladas por reglamentos municipales y que se refieren a la colusión para fijar precios, la asignación de áreas exclusivas de venta, el obstaculizar la entrada de nuevos competidores o prohibir la producción de tortilla en ciertos días y horarios. Todas fueron motivo de una observaciónpor la CFC desde marzo del año pasado, pero ante la nula respuesta de algunos de los municipios, derivaron en el exhorto lanzado ayer.

El mercado mexicano de tortillas representa transacciones que superan los 3 mil 400 millones de dólares y significa el consumo promedio de mil 100 tortillas por mexicano al año. Además, el Inegi reporta que las tortillas representan 8 por ciento del total de gasto en alimentos de los hogares, detalló el procurador Bernardo Altamirano, quien destacó la importancia de defender los derechos de los consumidores en ese mercado.

En todo momento, Ferrari habló únicamente de tortillerías y municipios en las acciones anticompetitivas que denunció. Sólo hasta que se le preguntó sobre las grandes empresas harineras, a las que pequeños industriales de la masa y la tortilla responsabilizan de las alzas, dijo que también se les sujetará a investigación y sanciones.

Lo estamos haciendo a todos los niveles, aquí no escapan las grandes empresas ni los pequeños comercios, y así aparece en los expedientes, aseguró el secretario, pero el presidente de CFC aclaró que actualmente no existe ninguna investigación ni denuncia contra los grandes corporativos del sector.

Profeco sólo se ha enfocado en las tortillerías, pues según su titular en lo que va del año se han verificado 5 mil 804, 50 por ciento más que el año pasado, y se han encontrado irregularidades en unas mil (17 por ciento del total).

De exhorto a advertencia electoral

El exhorto del secretario de Economía se transformó en advertencia de carácter electoral cuando sentenció que si las autoridades municipales no lo atienden serán exhibidas junto con las tortillerías que cometen abusos, a través de una campaña de Profeco.

Al final de cuentas no sólo todos somos consumidores, sino también electores de nuestras autoridades, y tenemos que cuidar muy bien que se estén atendiendo los intereses, sobre todo de aquellos que menos tienen, dijo Ferrari, y convocó a los consumidores a asumir el poder y fuerza que tienen en la economía (sus compras representan 68 por ciento del PIB), denunciando los abusos de empresas.

No se puede tener instituciones como CFC y Profeco pugnando contra las empresas y que parezca que del otro lado no hay nadie. Son los consumidores los que tienen que exigir, porque al final del día son los que tienen la mayor fuerza en sus manos, porque son quienes escogen y votan. Si un presidente municipal promovió el interés de un grupo de empresas tortilleras, el castigo va a ser que en la siguiente elección voten por otro partido, coincidió Pérez Mota.

Los funcionarios no identificaron por su nombre a los 98 municipios a los que acusan de prácticas anticompetitivas ni dieron el número de tortillerías involucradas, pero la lista de CFC destaca que Morelos ocupa el primer lugar con 17 municipios, seguido de Michoacán con 16, Sinaloa con 12, Chiapas con 10, nueve en Veracruz y siete en Nuevo León. Otras entidades que sólo tienen entre uno y tres casos son Puebla, Coahuila, Guerrero, Colima, estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas.