adie se imaginó que en apenas tres años se desmejoraran tanto las relaciones entre el gobierno de Irlanda y el Vaticano, al grado que este último retiró en julio pasado a su embajador de Dublín. Lo hizo en protesta por las afirmaciones del primer ministro Enda Kenny de que la jerarquía eclesiástica había interferido en las investigaciones sobre los cientos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Irlanda. Como en la diócesis de Cloyne, entre 1996 y 2009.

El premier dijo que la Iglesia intentó frustrar una investigación en una república soberana y demócrata y alentar a los obispos a no denunciar los casos de curas pederastas. Algo que nadie pone en duda luego de los informes oficiales sobre dichos abusos. Uno refiere los cometidos por 19 clérigos en la diócesis de Cloyne y cómo su obispo, John Magee, trató de entorpecer la investigación y proteger a los responsables de tales delitos.

Al gobierno y a la población irlandesa no les satisfizo del todo el que el Vaticano exprese vergüenza y pida perdón a las víctimas y a sus familias por el terrible sufrimiento infligido y estar profundamente preocupado por los graves errores en la gobernanza eclesiástica. Los hechos muestran que esos abusos sucedieron pese a que los obispos y las órdenes religiosas aceptaron el compromiso de aplicar las líneas guía establecidas por la Iglesia de Irlanda para garantizar la protección de los menores y pese a los procedimientos establecidos por la Santa Sede en los casos de abusos.

En el fondo de la disputa está el dinero y el control sobre la educación. En Irlanda, país con muchos católicos ultraconservadores, la Iglesia imparte 90 por ciento de la enseñanza primaria y posee una muy valiosa infraestructura escolar. Como crece la insatisfacción de que el dinero para pagar a los que fueron abusados provenga en su mayoría del Estado irlandés (que también fue cómplice de lo ocurrido), el gobierno y la mayor parte de la opinión pública exigen que las congregaciones responsables de delitos sexuales, físicos y sicológicos a menores, acepten la incautación de algunos de sus bienes a fin de sufragar el monto de las indemnizaciones y los costos legales.

Se trata de mil 800 millones de dólares que deben pagar por partes iguales el Estado y la Iglesia. Ésta ha puesto sólo 25 millones de dólares en efectivo y algunos bienes. El gobierno pide que pague por todo, pues tiene con qué: tierras y bienes inmuebles, como los de los centros de enseñanza. Esto cuando la Iglesia pierde ingresos y feligreses. La arquidiócesis de Dublín está al borde del colapso financiero, tras dar 18 millones de dólares en indemnizaciones a los otrora niños y niñas objeto de los abusos. Y la Iglesia quiere conservar su enorme poder económico y educativo. Ahí está el detalle.