Como parte de las actividades por el Día nacional del maíz, convocado por la campaña Sin maíz no hay país, campesinos y activistas de Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Puebla y el Distrito Federal se manifestaron por la prohibición de la siembra de granos transgénicos en México y en demanda de que el gobierno de la República invierta más para combatir la dependencia alimentaria y por el derecho a una alimentación sana.

Los manifestantes coincidieron en la exigencia de que México sea territorio libre de organismos genéticamente modificados (OGM).

Sembremos paz, no transgénicos, pidió Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, y junto con representantes de otras organizaciones exigió anular las 110 autorizaciones otorgadas por el gobierno federal para la siembra experimental con maíz genéticamente modificado en territorio nacional, pues con ello el campo mexicano y su grano básico enfrentan un serio riesgo de contaminación.

Arendar señaló que permitir la destrucción de este grano no sólo es fomentar la violencia social y económica hacia los campesinos; también implica poner en riesgo el patrimonio cultural y alimentario del país. Por ello debemos decir un rotundo no a la siembra de maíz transgénico en nuestro territorio.

Unos 100 campesinos marcharon de El Calvario al zócalo de Cuernavaca, donde Plutarco Elías García Jiménez, asesor de la Unión de Pueblos de Morelos, aseguró que su objetivo es promover la siembra de granos nativos, que han alimentado por milenios a los mexicanos.

Alertan sobre alto riesgo de contaminación en Chihuahua

Organizaciones campesinas de Chihuahua efectuaron plantones en las plazas de armas de los municipios de Delicias, Nuevo Casas Grandes y la capital del estado, donde dijeron que la entidad cuenta con 23 clases de maíz y debe ser reconocido como uno de los centros de origen del grano en el país.

Dirigentes de las organizaciones participantes, entre ellas El Barzón, La magia de mi tierra y el Frente Democrático Campesino, dijeron que Chihuahua enfrenta un serio riesgo de contaminación, dado que el gobierno mexicano ha otorgado 19 autorizaciones de siembra experimental de maíz genéticamente modificado en los municipios de Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Ahumada, Bachiniva, Cusihuiriachi, Janos y Buenaventura, denunciaron.

En el Zócalo de la ciudad de México, la campaña Sin maíz no hay país realizó performances, talleres y conferencias sobre soberanía alimentaria, así como actividades culturales, entre ellas una obra de teatro guiñol, una exposición fotográfica, lectura de poesía y presentación de grupos de música tradicional, así como del ballet folclórico del Instituto Politécnico Nacional.

TLCAN agravó crisis alimentaria

En un documento que decenas de asistentes firmaron se indica que desde 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aumentaron las importaciones de granos básicos de Estados Unidos, lo que arrasó con la producción nacional.

“El gobierno dio así la espalda a los campesinos y favoreció a las industrias agroalimentarias trasnacionales, que nos obligan a consumir comida rara, extranjera y de mala calidad, provocando desnutrición y obesidad, mientras en las comunidades rurales crecen la pobreza, la violencia y la inseguridad.

Hoy tenemos que comprar a Estados Unidos casi la mitad de lo que comemos, y cada año más de medio millón de compatriotas rurales dejan de sembrar y migran porque su nación los expulsa.

En Puebla, el abogado René Sánchez Galindo encabezó a un grupo de académicos, litigantes, campesinos y activistas que tramitaron ante la delegación de la Procuraduría General de la República una demanda contra Monsanto, a la que acusan de delitos contra el consumo y las riquezas nacionales, tráfico de influencias, fraude genérico y los que resulten, derivados del aprovechamiento del maíz que hace esa empresa transnacional.

Sánchez Galindo explicó que por medio del proyecto maestro de maíces mexicanos (PMMM) Monsanto controla la información genética de las 14 especies que se cultivan en Puebla. Esta información se convertirá en propiedad de Monsanto si la patenta, por lo cual millones de campesinos en la entidad y el resto del país tendrían que pagarle regalías por el uso de las semillas, subrayó el también defensor de derechos humanos.

El PMMM presumiblemente se aplica en 33 municipios de Puebla, entre ellos la capital, San Martín Texmelucan y Cholula. Sánchez Galindo explicó que el Código Penal federal tipifica como delito contra la riqueza nacional cualquier acción para acaparar los insumos básicos, así como la liberación ilícita de transgénicos, razones suficientes para proceder legalmente, dijo.

David Carrizales, Rubén Villalpando y Rubicela Morelos, corresponsales; Martín Hernández/ La Jornada de Oriente, y José Antonio Román, reportero