Es deplorable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya avalado la penalización del aborto considerada en el artículo siete de la Constitución de Baja California, afirmó Francisco Sánchez Corona, ex titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de esa entidad, quien durante su gestión presentó el recurso de inconstitucionalidad respectivo.

Luego de reconocer que esta resolución es inatacable, el ahora diputado local perredista consideró que las organizaciones sociales podrían acudir a organismos internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo o, en su caso, a recurrir a amparos en lo individual.

El priísta Carlos Murguía, presidente del Congreso bajacaliforniano, advirtió que el tema se mantiene pendiente porque los magistrados no entraron al fondo del asunto, y la gran ausente en esta discusión es la mujer.

Estoy a favor de la vida, no hay duda, pero también estoy de acuerdo en el aborto en lo que se refiere al uso de métodos terapéuticos que dictaminan la interrupción del embarazo cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer o existe malformación genética, afirmó.

Lo bueno fue que no se declaró constitucional la reforma, estaríamos fritas, pero tampoco se declaró la invalidez de la reforma de Baja California y se archivó el asunto, comentó por su parte Verónica Cruz Sánchez, directora del centro Las Libres, en Guanajuato.

Después de este dictamen, dijo, se corre el riesgo de que en Guanajuato se intente nuevamente penalizar la interrupción del embarazo en caso de violación, y criticó que el presidente Felipe Calderón interfiera en el tema y polarice a la sociedad.

Todavía hay posibilidades de que se determine la inconstitucionalidad de la reforma de San Luis Potosí, porque viene con otros argumentos, señaló.

Reveló que la SCJN tiene en antesala recursos de inconstitucionalidad contra las leyes antiaborto de Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

En el contexto del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, representantes de ocho agrupaciones sociales de Querétaro demandaron a las autoridades estatales no criminalizar el aborto, y, en cambio, ampliar las causales por las que se permita la interrupción del embarazo.

En los tres años recientes, la Procuraduría de Justicia de Querétaro registró 33 averiguaciones previas contra mujeres por haber recurrido al aborto (11 en 2009, 17 en 2010 y cinco hasta agosto pasado), reveló Fernanda López Gallegos, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

De esas averiguaciones previas, una se resolvió con sentencia condenatoria, otra fue absolutoria, una más con suspensión de prueba, dos con negativas de orden de aprehensión y el resto continúa en trámite.

En Guadalajara, unas 30 activistas que defienden los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo se manifestaron fuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, para exigir que se despenalice el aborto en el estado.

Desde 2009, el artículo 4 de la Constitución estatal determina la protección de la vida desde la concepción.

Hay argumentos jurídicos suficientes para considerar que las reformas que se hicieron en Jalisco son anticonstitucionales; entonces exigimos al Congreso del estado, a los diputados, que reformen de nueva cuenta el artículo cuarto de la Constitución estatal, manifestó Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

Antonio Heras, Carlos García, Mariana Chávez y Mauricio Ferrer