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Amenazan su seguridad y de sus familiares a cambio de dinero

Han intentado extorsionar a 150 alcaldes, afirma SSP de Puebla

Descarta titular de seguridad pública que sean actos de grupos delictivos

 
Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 33

Puebla, Pue., 28 de septiembre. El secretario de Seguridad Pública y Vialidad estatal, Ardelio Vargas Fosado, reveló que tiene reportes de que al menos 150 de los 217 alcaldes de la entidad han recibido llamadas en las que se les amenaza con atentar contra su seguridad, la de sus familias o de los municipios si no entregan dinero a los extorsionadores.

El funcionario aseguró que hasta ahora ningún edil ha cedido a los chantajes y que se realizan investigaciones, pero descartó de antemano que los amagos provengan de alguna organización del crimen organizado.

Expresó que ha recomendado a los ediles que hagan caso omiso de las amenazas y que de inmediato denuncien penalmente los intentos de chantaje: Es importante la denuncia; nosotros tenemos la capacidad técnica para rastrear las llamadas con la fecha y hora en que se recibieron, dijo el servidor público en entrevista con la radio local.

Vargas Fosado afirmó que no podía dar más detalles sobre las indagatorias, e insistió en que los chantajes telefónicos no deben ser considerados acciones del crimen organizado.

En febrero pasado, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 43 legislatura local, el funcionario informó a los diputados que, hasta entonces, unos 30 alcaldes y autoridades municipales del estado habían sido víctimas de chantajes telefónicos, operados en su mayoría por integrantes del crimen organizado.

Indicó en esa ocasión que los telefonemas criminales provenían de tres Centros de Readaptación Social del país, entre los que se encontraban los que están en los estados de México y Zacatecas.

Los municipios donde se recibieron las llamadas de chantaje, detalló entonces, se encontraban en municipios colindantes con el estado de Veracruz y Tlaxcala, así como en Pahuatlán, Acajete y Amozoc, cuyas autoridades recibieron amenazas telefónicas en las que se les exigió realizar depósitos en efectivo hasta de 10 millones de pesos.