Si el Congreso aprueba el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que propuso el presidente Felipe Calderón, provocará que los cuerpos policiacos adquieran facultades de Ministerio Público, lo que redundará en mayores fracasos de los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) al momento de presentar sus acusaciones ante los tribunales, porque aumentarán las quejas por violaciones a las garantías constitucionales de quienes sean sujetos a juicio bajo ese esquema, señalaron ayer funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Explicaron que, como está planteada la reforma, se violarán derechos fundamentales a los inculpados de algún delito, como la garantía de audiencia y la de equilibrio procesal consagrados en la Carta Magna.

En concordancia con algunas posturas de colegios y agrupaciones de abogados que han señalado que dicha reforma puede generar un estado de excepción, una decena de jueces de distrito y magistrados de circuito consultados por La Jornada indicaron que hay ciertos aspectos del proyecto de nuevo código que les preocupan.

Citaron que puede generar confusiones respecto de cuál sería la participación del juez de control en la etapa de investigación y su relación con el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de la facultad de investigación que tendrá, pues no queda perfectamente delimitada en el proyecto de nuevo código.’