Ciudad Juárez, Chih., 27 de septiembre. La titular de la quinta agencia del Ministerio Público Federal, Elizabeth Herrera, quien integró el expediente contra diez policías federales que fueron detenidos la semana pasada por su presunta participación en el secuestro y la extorsión de un empresario, dijo que está siendo amenazada y acosada por el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel.

La funcionaria refirió que el pasado miércoles recibió una llamada telefónica desde la ciudad de México en la que le advirtieron que Peniche Espejel la trasladaría al estado de Veracruz y que, de no aceptar el cambio de plaza, comenzaría averiguaciones en su contra para despedirla, además de que le retiró los expedientes a su cargo, incluido el de los policías federales, que presuntamente desde hace más de un año extorsionaban a un vendedor de autopartes.

Herrera agregó que los pasados miércoles y jueves fue hostigada por personal que intentó llevarla a la agencia para que fuera notificada del traslado al estado de Veracruz, y en esa diligencia la trataron como delincuente, no como alguien que integró una denuncia ciudadana en contra de agentes policiacos que actuaron corruptamente.

Los policías federales fueron detenidos el pasado 20 de septiembre por agentes de la PGR junto al parque Hermanos Escobar, donde supuestamente acudieron a recoger 3 mil dólares que pidieron al comerciante bajo la amenaza de que de no pagarles lo cargarían con droga.

Por otra parte, la funcionaria dijo que en el área a su cargo cada semana reciben un promedio de cinco denuncias contra agentes federales, la mayoría por robo, amenazas y otros delitos menores, querellas que no tienen continuidad porque los afectados ya no regresan.

Advirtió que en caso de no dar continuidad al expediente de los diez agentes federales acusados de corrupción, éstos podrían salir libres a corto plazo.

En Ciudad Juárez estamos tan cansados de vivir esa violencia, los secuestros y extorsiones, que queríamos hacer algo cada quien desde su ámbito, tal como lo hice, expresó la agente del Ministrio Público.

El jueves pasado, por correo electrónico, notificó su situación a la procuradora general de la República, Marisela Morales, pero hasta el momento no ha recibido contestación.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, informó que en los últimos siete días han recibido cerca de diez quejas contra agentes federales dedicados a extorsionar ciudadanos, en su mayoría padres de familia que, luego de haber sido detenidos sin justificación y con abuso de autoridad, deben pagar hasta 150 mil pesos para lograr su libertad.

El ombudsman estatal lamentó finalmente que las extorsiones vayan al alza en Chihuahua, pues la mayoría de las órdenes de aprehensión contra ciudadanos son por traer un vehículo extranjero y sólo por ello son amenazados de que la unidad permanecerá en los corralones de la aduana, lo que deja totalmente desprotegidas a las familias.