La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de las 35 personas halladas sin vida el pasado 20 de septiembre en el municipio de Boca del Río. A su vez, la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que la PGR inició una investigación sobre las declaraciones emitidas vía Internet por un supuesto grupo que se atribuyó la actividad de aniquilamiento de miembros del grupo criminal Los Zetas en Veracruz.

En el oficio 2445/2011/BR-09, de fecha 27 de septiembre, el procurador de Justicia de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, pidió a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, que se atraiga la indagatoria 843/2011 de la agencia segunda del Ministerio Público del municipio de Boca del Río. La dependencia estatal consideró que existen elementos suficientes para que la autoridad federal ejerza su facultad de atracción por haber en el caso de los 35 cadáveres indicios de actos constitutivos de delincuencia organizada.

De acuerdo con un boletín de prensa emitido por el gobierno de Veracruz, Escobar precisó que su solicitud ocurrió en el contexto de la colaboración y coordinación institucional entre los diferentes órdenes de gobierno y en aras de coadyuvar en las investigaciones que la PGR inició sobre el caso.

Se acotó que la procuraduría veracruzana hizo su petición con fundamento en el artículo primero del Código Penal Federal, el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 8 de la Ley Orgánica de la PGJE.

La dependencia estatal afirmó en su solicitud que puso a disposición de la PGR las actuaciones ministeriales realizadas hasta hoy, en original y duplicado, para el avance y esclarecimiento de la investigación señalada.

Los 35 cadáveres se hallaron frente a la plaza comercial Las Américas, la más concurrida del municipio de Boca del Río, a unos metros del Centro de Convenciones del World Trade Center, donde un día después se inició el 11 Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia.

Un día antes de que los 35 cadáveres fueran dejados bajo un puente peatonal, 32 reos –15 del fuero federal y 17 del fuero común– se fugaron de los penales estatales de La Toma, Duporto-Ostión y José María Morelos y Pavón, ubicados en los municipios veracruzanos de Amatlán de los Reyes, Coatzacoalcos y Cosamaloapan, respectivamente.

Al día siguiente del hallazgo de los cuerpos, el procurador Escobar Pérez aseguró que todos los finados tenían vínculos con el crimen organizado, y que a partir de un largo proceso de identificación se confirmó que los 35 habían estado involucrados en delitos como secuestros, robo de automóviles, extorsiones y homicidios.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa declaró a su vez –durante la inauguración del Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales y Procuradores Generales de Justicia– que no minimizó la ejecución de 35 personas, como se lo reprochó su correligionario priísta el senador Manlio Fabio Beltrones. En Veracruz no minimizamos al crimen, aquí lo situamos en su justa dimensión, lo enfrentamos y lo combatimos, aseguró el mandatario estatal.