En la discusión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas legislativas que penalizan el aborto en Baja California y San Luis Potosí no sólo está a debate la preminencia de los derechos de las mujeres, sino también está en juego la vigencia del Estado laico o su desaparición para dar paso a uno confesional y de corte fascista, indicó la historiadora Patricia Galeana, vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias.

Josefina Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, dijo que está por la defensa de la vida, pero que no acompañaría ninguna ley que estuviese criminalizando a las mujeres. En todo caso, respaldará la postura oficial del PAN.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su convicción de que el ser humano es persona desde el momento de su concepción y, por tanto, sujeto de derechos.

En tanto, diversas organizaciones que defienden la vida desde la concepción, la mayoría de inspiración cristiana, realizaron jornadas de oración para pedir que los ministros se pronuncien en favor de la vida.

Durante el seminario internacional Historia comparada de las mujeres en las Américas, Patricia Galeana indicó que la aprobación de legislaciones contra el aborto en varias entidades del país fue una medida dictada desde el Vaticano, en alianza con el gobierno de extrema derecha que lleva un decenio en el poder en México, con el objetivo de echar por tierra los avances aprobados en el Distrito Federal.

“El Estado no puede darnos seguridad ni detener a los criminales, pero sí ha esposado a mujeres en los hospitales –que acudieron por complicaciones por abortos inseguros– para que no se vayan a escapar y llevarlas a prisión”.

A su vez, PAN y PRD en la Cámara de Diputados solicitaron a la SCJN que no prejuzgue en materia de aborto ni acepte presiones, y menos imposiciones de grupos sociales y políticos. Alberto Pérez Cuevas y Nazario Norberto Sánchez –legisladores panista y perredista, respectivamente– coincidieron en que el órgano judicial deberá actuar con transparencia y sensatez a la hora de asumir una decisión.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció por que en la discusión prevalecezcan las directrices del Estado laico y los estándares de protección y defensa de las garantías individuales.

La presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, Consuelo Mejía, sostuvo que el aborto es un tema de derechos humanos, de dignidad y autonomía, por lo que ninguna mujer puede ser forzada, bajo el peso de argumentos religiosos, morales o de cualquier otra índole, a seguir un embarazo y asumir una maternidad que no ha elegido.

Ana Lau Jaiven, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana en estudios de mujeres, afirmó que de aprobarse la constitucionalidad de las reformas estatales que protegen el derecho a la vida desde la concepción, México enfrentará una de las decisiones más regresivas y dañinas en la lucha por reconocer que sobre el cuerpo de una mujer sólo ella misma puede decidir.