En el Programa Nacional de Población 2008-2012, el presidente Felipe Calderón y el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, destacaron que con la política pública en la materia se ratifica el claro compromiso con el precepto constitucional que garantiza a toda persona el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

En este documento oficial se advierte además que los más altos porcentajes de mujeres con demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos se encuentran entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, esto es, los más pobres, marginados, en zonas rurales e indígenas. Más de la mitad de este rezago se concentra en las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, en el contexto de un inicio de la vida en pareja a temprana edad, de 21 años, en promedio.

La alerta del Programa Nacional de Población en este punto es contundente: “El uso de medios de regulación de la fecundidad en el inicio de la vida sexual parece ser una práctica inexistente: siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenía la intención de embarazarse.

Si bien el desconocimiento de los métodos anticonceptivos constituye una causa de no protección para cerca de una de cada cinco mujeres, persisten otros obstáculos de tipo cultural y social que impiden a los jóvenes tomar las decisiones que les permitan evitar embarazos no planeados y el contagio de infecciones de transmisión sexual.

El documento subraya la existencia de planes que hay derivados en menores niveles de fecundidad, con base en profundas transformaciones socioeconómicas y en una verdadera revolución en el plano de las ideas, las actitudes y los valores de las parejas mexicanas, así como en la gradual expansión y la creciente cobertura de los programas de salud reproductiva y planificación familiar.

En varios apartados de ese programa se hace énfasis en que la política de población en México tiene como centro y fin las personas y las familias.

El eje –y responsabilidad gubernamental– es dotar de las condiciones necesarias para que las personas decidan libre, responsable e informadamente sobre su conducta en los ámbitos de relevancia demográfica, de acuerdo con sus valores, creencias y convicciones y sin coacción o interferencia alguna.