Dos años después de que la Barra de Abogados y Abogadas de Inglaterra y Gales (BHRC, por sus siglas en inglés) visitó Guerrero, la situación de los derechos humanos en la entidad no ha mejorado, pues las autoridades siguen acosando a los defensores de las garantías individuales y no han subsanado las irregularidades de su sistema judicial.

Vidulfo Rosales, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó lo anterior y lamentó que el gobierno estatal siga negando justicia a las víctimas.

El activista explicó que la BHRC estuvo en Guerrero del 2 de noviembre al 4 de diciembre de 2009, con una comisión integrada por 13 abogados de Canadá, Inglaterra, Gales, Alemania, Irlanda y Estados Unidos.

Las conclusiones del grupo –publicadas en julio de 2010– revelaron graves inconsistencias en el sistema penal guerrerense y acoso permanente contra diversos colectivos, entre ellos la Organización del Pueblo Indígena Meph’aa, la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y el propio Centro Tlachinollan, lo que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares en favor de 107 activistas.

Dos años después, las amenazas contra defensores de derechos humanos siguen aumentando, de acuerdo con el informe presentado por la BHRC el 21 de septiembre en Chilpancingo.

Un ejemplo es que no ha habido castigo para quienes mataron en 2009 a Raúl Lucas y Manuel Ponce, militantes de la OPIM, ni para Lorenzo Fernández Ortega, hermano de la indígena Inés Fernández Ortega, agredida sexualmente por soldados en 2002.

Es preocupante que el gobernador Ángel Aguirre Rivero diga que respeta a los defensores de derechos humanos y al mismo tiempo mantenga acciones penales contra 215, alertó.