El Colegio Nacional de Abogados Penalistas, una de las asociaciones de especialistas en su ramo más importantes del país, con más de mil 500 afiliados, afirmó que el proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, planteado por el presidente Felipe Calderón, debe revisarse con cuidado, porque plantea cuestiones peligrosas que afectarían garantías constitucionales y no propiciaría el respeto a los derechos humanos.

Jorge Reyes Peralta, presidente de esa asociación, aseguró en entrevista con La Jornada que es preocupante que, ante el fracaso en la guerra que empezó el presidente Calderón contra la delincuencia organizada, veamos que con este proyecto busca reforzar su absurdo criterio de que los jueces juzguen por encima de las garantías constitucionales, y prefieran la verdad real a la verdad legal.

Agregó que con estas reformas, si se aprueban, se creará una policía plenipotenciaria y un Ministerio Público a modo, dado que sigue siendo un brazo del titular del Poder Ejecutivo.

El proyecto de reforma de Código Federal de Procedimientos Penales plantea dar mayores facultades de investigación a los cuerpos de policía federales, estales y municipales, con el propósito de que ahora puedan recibir las denuncias de hechos que puedan ser constitutivos de delito, en los casos en que se hable de delitos de urgencia, lo que hasta ahora es facultad exclusiva del Ministerio Público.

La nueva ley adjetiva propuesta por Calderón también busca que los agentes policiacos puedan recibir denuncias anónimas y, de confirmarse la información, notificar de inmediato al Ministerio Público.

Asimismo, se propone que los cuerpos policiacos puedan practicar detenciones en casos de flagrancia y, cuando el Ministerio Público lo ordene por escrito, en caso de urgencia.

Reyes Peralta sostuvo que algunas de estas propuestas representan un retroceso de varios años en nuestra historia de la doctrina de derecho penal aplicada en México, ya que regresaríamos a lo que ocurría anteriormente, cuando la llamada reina de las pruebas, es decir, la confesión, era arrancada con torturas y la policía obligaba a firmar las declaraciones de los presuntos responsables de algún delito.

Recordó que en esa época se violaban todos los derechos universales del ser humano, y ahora es lamentable que se pretenda volver a dar amplias facultades a la policía sin tener a sus elementos capacitados y sin profesionalizar a esos cuerpos; dejarían al ciudadano en manos de los criterios de la policía.

El presidente de dicho colegio añadió que la participación del denominado juez de control en la etapa de las pesquisas, y su relación con el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de la facultad de investigación, deben quedar perfectamente delimitadas; para ello se distinguen aquellas actuaciones que no requieren de autorización judicial de las que sí la necesitan.

Debe revisarse, y estaremos pendientes los abogados organizados, que se consensúe, y opinemos todos cómo debe ser aprobado este nuevo código procesal, ya que ante la desesperación del gobierno federal, que se ha visto rebasado por la delincuencia organizada, pretende crear unos monstruos jurídicos que lejos de ayudar en la procuración e impartición de justicia podrían generar un estado de excepción con leyes retrógadas, puntualizó el jurista.