Al iniciar la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma en Baja California, la cual protege el derecho absoluto a la vida desde la concepción, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco González Salas lamentó las expresiones de quienes denigran, descalifican y ofenden a los que no sostienen sus puntos de vista o no piensan igual que ellos.

El magistrado instructor expresó ayer su absoluto respeto a todas las opiniones que se han manifestado y dijo que los ministros siempre se rigen por sus convicciones y no tienen cabida o influencia ni presiones ni agresiones del tipo que sean.

Por su parte, el ministro Luis María Aguilar planteó que sólo la Constitución General de la República puede definir los derechos fundamentales, y si ésta no define el momento a partir del cual se inicia la vida, no puede una Constitución de un estado de la Federación hacerlo.

Con un enfoque diferente a la manera en que el proyecto de Fernando Franco plantea invalidar el artículo séptimo párrafo primero de la Constitución bajacaliforniana, Aguilar señaló que las constituciones locales no tienen facultades para definir cuáles son y qué límites tienen las garantías fundamentales.

La postura de Aguilar permitiría que los magistrados eviten debatir sobre cuándo se inicia la vida y, de esa manera, el pleno de la Corte dejaría esa responsabilidad al Congreso de la Unión, si es que quiere impulsar una reforma constitucional sobre este tema.

Sergio Aguirre Anguiano, por su parte, consideró que el artículo impugnado es constitucional y además es acorde con la Constitución General de la República y con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Franco había comentado previamente que los evidentes avances de la ciencia obligan a que los legisladores y autoridades administrativas tengan que analizar, y en su momento normar temas relacionados con el derecho a la vida, a los derechos reproductivos y a la salud sexual de las personas, lo que hará que eventualmente la Suprema Corte tenga también que resolver nuevas impugnaciones en aspectos similares y conexos a los que discutirán a partir de este lunes.

Luego de que agrupaciones católicas y el cardenal Norberto Rivera calificaron de genocidio su proyecto de dictamen, y de que en una concentración hubo quienes con pancartas y mantas señalaron a Franco como ministro de la muerte, éste hizo un llamado a que todos aprendamos sin excepción a ser prudentes y tolerantes para poder procesar las diferencias civilizadamente y por las vías institucionales y de la razón.

Estos temas tan sensibles y delicados para nuestra sociedad deben ser abordados y debatidos con toda seriedad, con argumentos y razones; en la SCJN así lo hacemos en todos los casos; 11 ministros debatimos y resolvemos responsablemente y de manera pública, transparente.

Pocos asuntos, dijo, tienen la importancia de éste; su trascendencia es evidente y también el alto grado de polarización que genera; su enorme complejidad y lo polémico de los temas se han puesto de manifiesto en los múltiples posicionamientos de personas, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, que en ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión se han hecho en medios electrónicos, memorandos o públicamente.

Nadie tiene la verdad absoluta, ni creo que alguno pretenda imponerla, indicó Franco, para después sintetizar las razones por las cuales considera que el artículo séptimo, primer párrafo de la Constitución de Baja California debe ser invalidado.

Reiteró que el derecho a la vida sí está tutelado por la Constitución General, pero que no le otorga la calidad jurídica de persona al concebido desde la concepción, como tampoco se puede reputar al concebido como nacido para todos los efectos legales hasta el momento de su muerte natural o no inducida.

Sostuvo que al contrastar los derechos de la vida prenatal con los derechos fundamentales de las mujeres (reproductivos, de salud, sobre el número de hijos que desee tener, etcétera), deben prevalecer los de la mujer.

Después, Aguirre Anguiano hizo una acalorada defensa de la reforma a la Constitución de Baja California y aseguró que las legislaturas locales sí pueden ampliar la protección de los derechos fundamentales, en este caso el de la vida. Dijo que el proyecto de dictamen señala que el concebido es sólo un bien jurídico protegido y que no es sujeto de derechos constitucionales. “Esto me recuerda que los esclavos fueron denominados y tenidos como ‘cosa’ en la antigüedad; bueno, pues también en el proyecto se dice que (los concebidos) son una ‘cosa’, un bien jurídico protegido.”

Por otra parte, un grupo de personas se manifestó ayer ante la Corte en contra del proyecto de dictamen elaborado por Franco. Los manifestantes corearon consignas en contra del aborto y repartieron volantes que decían que el proyecto en cuestión era digno de esclavistas, de encomenderos y de racistas.