Madrid, 26 de septiembre. Los accionistas minoritarios de Repsol solicitaron a la Comisión Nacional de Energía (CNE) –máximo órgano regulador del sector– que decrete, de forma automática, la suspensión del ejercicio de los derechos de voto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora Sacyr en el seno de Repsol. Esta medida extraordinaria la justifican por el supuesto fraude a la ley en el que habría incurrido la dirección de Pemex en el acuerdo de sindicación de las acciones con la constructora española para hacerse con el control de Repsol.

Gas Natural –la empresa gasística más importante de España y de la que Repsol tiene más de 30 por ciento– y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) presentaron sendos recursos ante la CNE, la cual deberá decidir en los próximos días si admite las denuncias sobre la operación anunciada el pasado 29 de agosto, en la que la petrolera mexicana anunció su intención de comprar 4.8 por ciento de acciones de Repsol para alcanzar el 9.8 que había acordado con Sacyr, que posee 20 por ciento. Con ello ambas empresas sumarían 29.8 por ciento de las acciones, lo que significaría tener el control ejecutivo de la multinacional del petróleo.

La CNE decidió posponer el pasado viernes su decisión ante la falta de consenso de los consejeros, a los que se insta a valorar la operación en aplicación de la función 14 de la CNE regulada en la legislación del sector de los hidrocarburos, que dice a la letra que el órgano regulador deberá autorizar operaciones cuando se pretenda por sociedades no comunitarias (fuera de la Unión Europea) la adquisición de participaciones en un porcentaje superior a 20 por ciento del capital social.

Tanto Gas Natural como la AEMEC solicitan por separado a la CNE que entre de oficio en el asunto y les otorgue el derecho de alegato, una vez que ambos reclaman su derecho a defender intereses que ven amenazados o afectados por la operación. También reclaman al órgano regulador que, al igual que ya está haciendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) –en su investigación de una supuesta falta por uso de información privilegiada–, la CNE también deberá analizar el documento: Contexto del aumento de participación de Pemex en Repsol, publicado por primera vez en La Jornada el pasado 11 de septiembre, y que la paraestatal mexicana entregó a la CNMV ante su publicación en diversos medios de comunicación españoles.

Gas Natural y la dirección ejecutiva de Repsol están a la espera de lo que resuelva la CNMV y la CNE para iniciar actuaciones jurídicas y administrativas que podrían derivar, en el caso más extremo, en el procesamiento penal de la dirección de Pemex por supuesto fraude a la ley y en la paralización de la operación comercial.

En el escrito presentado por la AEMEC a la CNE, dirigido a su presidente y al ponente del asunto, Alberto Lafuente y Tomás Gómez San Román, respectivamente, exponen que la operación de Pemex y Sacyr perjudica a los accionistas minoritarios de Repsol, no sólo desde un punto de vista del mercado de valores, sino también desde el punto de vista del mercado energético, pues, como vemos, supone un cambio de control en la compañía.

Los accionistas también subrayan el conflicto de intereses en el que supuestamente habría incurrido Pemex, por el que se podría solicitar su expulsión del consejo de administración de Repsol, que se celebrará el próximo miércoles. Sostienen que las finalidades perseguidas por la petrolera Pemex son todas ellas inalcanzables sin tener una influencia significativa en Repsol (influencia que pretende ejercer contra el interés de los accionistas minoritarios de Repsol), influencia significativa que no le otorga 9.5 por ciento de acciones de su dominio, sino que dicha influencia significativa es impensable sin el ejercicio concertado de derechos con Sacyr.