Mexicali BC, 25 de septiembre. El desarrollo turístico inmobiliario El Tigre, en el municipio de Ensenada, fue clausurado por violar el uso de suelo forestal.

Un informe sobre la expansión inmobiliaria en Ensenada señala que se planea construir chalés, cabañas de lujo y zonas recreativas en una franja territorial donde existen fauna y flora protegidas por la ley.

El proyecto turístico ocuparía 355 hectáreas propiedad de la Inmobiliaria Sanmo, en las inmediaciones de la carretera federal Tijuana-Ensenada. La empresa no obtuvo la autorización de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con lo cual violó la fracción séptima del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el artículo 5, inciso O, del reglamento de la dependencia.

El delegado regional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Bernabé Esquer Peraza, aseguró que la empresa quitó vegetación de manera ilegal y afectó un cerro al extraer tierra para construir un muro.

Los inspectores de la Profepa detectaron que el desarrollo turístico inmobiliario El Tigre, situado en el kilómetro 90 de la carretera Tijuana-Ensenada, violó disposiciones ambientales y los representantes legales de la inmobiliaria no acreditaron tener permiso para cambiuar el uso de suelo.

Dos semanas para corregir anomalías

La dependencia aplicó a Sanmo (también identificada como Cuatro Cuatros SA de CV) clausura total temporal con efectos de suspensión total de actividades de cambio de uso de suelo en el predio inspeccionado. Colocó sellos de clausura en instalaciones, obras, maquinaria, equipo de trabajo, herramientas y áreas relacionadas.

Sanmo deberá presentar a la delegación regional de la Profepa la autorización de impacto ambiental expedida por la Semarnat, y un estudio de daño ambiental para su evaluación.

Esquer Peraza informó que la empresa tiene 15 días hábiles para presentar la documentación correspondiente.

En enero la delegación de la Semarnat notificó a los cinco gobiernos municipales de Baja California sobre las nuevas disposiciones legales para cambio de uso de suelo, que obligan a la Profepa a supervisar las edificaciones en proceso.